miércoles, 10 junio, 2026

Manuel Adorni y otros tres funcionarios adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

El vocero presidencial Manuel Adorni se sumó al nuevo esquema tributario habilitado por la Ley de Inocencia Fiscal, junto a otros tres altos funcionarios del Gobierno nacional.

Manuel Adorni se incorporó al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, establecido por la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal. El trámite fue ingresado este miércoles bajo el código «639-Ganancias Simplificada Ley 27.799», según consta en registros oficiales.

Además de Adorni, otros tres funcionarios figuran adheridos al mismo régimen. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, cursó su solicitud el 7 de mayo. Santiago Viola, secretario de Justicia, se inscribió el 7 de abril. Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo hizo el 14 de marzo.

Vázquez se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, causa que tramita ante el juez federal Ariel Lijo, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita. La Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario para determinar si existe desfasaje entre sus ingresos declarados y su patrimonio. Se espera que Adorni publique su declaración patrimonial en las próximas horas.

Qué es la Ley de Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias

La Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre de 2025, modificó el Régimen Penal Tributario y elevó los montos para la configuración de delitos fiscales: el piso de evasión simple pasó de 1,5 millones de pesos a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada, de 15 millones a 1.000 millones de pesos.

El Régimen Simplificado de Ganancias, habilitado dentro de ese marco legal, está destinado a facilitar la presentación de declaraciones juradas anuales para contribuyentes con ingresos de hasta 1.000 millones de pesos por año y patrimonios inferiores a 10.000 millones de pesos en los últimos cuatro años. Rige para las declaraciones correspondientes a 2025, cuyo plazo se prorrogó hasta el 26 de julio. A diferencia de los blanqueos, no tiene restricciones para políticos ni sus familiares.

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