Organizaciones, instituciones y prestadores independientes convocan a un cese de actividades y una movilización masiva para este miércoles a las 11 en la explanada de la Casa de Gobierno, en reclamo por atrasos arancelarios, deudas y cambios normativos.
El sector de la discapacidad en Mendoza ha declarado el estado de alerta máxima. Organizaciones, instituciones y prestadores independientes convocaron a un cese de actividades y una movilización masiva para este miércoles, a las 11, que tendrá como epicentro la explanada de la Casa de Gobierno.
La protesta surge como respuesta a una crisis estructural que, según denuncian los referentes del área, ha llegado a un punto de no retorno. Los principales ejes del reclamo giran en torno al marcado atraso arancelario, la irregularidad crónica en los pagos y una acumulación de deudas que impide la normal prestación de servicios esenciales.
Desde el sector advierten que la falta de respuestas estatales está asfixiando a las instituciones y dejando a miles de profesionales sin el sustento necesario para continuar con su labor. A la delicada situación económica que denuncian, se le suma ahora un componente de tensión política: la comunidad se manifiesta en contra del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, el cual pretende modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Según los organizadores de la marcha, esta iniciativa genera incertidumbre sobre la continuidad del esquema de atención actual. Uno de los puntos que mayor preocupación despierta es la posibilidad de trasladar responsabilidades de financiamiento y organización a las provincias. El sector advierte que, sin garantías claras de fondos, esta descentralización podría agravar la precariedad del sistema y fragmentar aún más la atención en cada jurisdicción.
“Detrás de cada demora y de cada deuda hay personas y familias que ya no pueden sostener solas esta emergencia”, señalaron desde el colectivo convocante. El reclamo no solo busca una actualización de aranceles acorde a la inflación, sino también frenar lo que consideran un avance sobre derechos ya adquiridos y ratificados judicialmente.
La jornada del miércoles contará con la participación activa de personas con discapacidad, sus familias, trabajadores y profesionales de la salud. El objetivo es visibilizar ante la sociedad y las autoridades locales que, de no mediar soluciones urgentes, el acceso a derechos básicos fundamentales se encuentra en serio riesgo de interrupción definitiva.