La Secretaría de Transporte reabrió el registro para habilitar nuevos talleres de Revisión Técnica Obligatoria, flexibilizó requisitos de funcionamiento y avanzó en la digitalización del sistema.
La Secretaría de Transporte oficializó una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) mediante la Resolución 32/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La medida busca ampliar la competencia, simplificar los trámites de habilitación y reducir la intervención estatal en la actividad.
La normativa complementa los cambios introducidos por el Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito. Entre los puntos centrales, se reabrió el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que había quedado limitado tras una modificación normativa de 2023. A partir de ahora, cualquier taller que demuestre capacidad técnica suficiente podrá solicitar su inscripción mediante un trámite digital y gratuito a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
Los talleres inscriptos podrán efectuar inspecciones sobre todo tipo de vehículos: particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos o especiales. La resolución también modifica los requisitos para operar, eliminando exigencias consideradas innecesarias, pero manteniendo estándares técnicos para la seguridad vial y la calidad de las inspecciones.
En cuanto a las tarifas, se limitó la intervención estatal en su fijación, dejando que los precios se definan por la dinámica del mercado. En paralelo, se ordenó el desarrollo de una base informática nacional que deberá estar operativa en 90 días, la cual centralizará información de los vehículos inspeccionados, resultados de revisiones y certificados emitidos. Todos los prestadores deberán remitir sus datos para garantizar interoperabilidad y control.
La reforma consolida el uso de certificados digitales de revisión técnica, con la misma validez que la oblea física. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será el organismo encargado de fiscalizar y auditar los talleres, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) deberá adecuar su normativa interna a los cambios.