El Ejecutivo boliviano atribuye las movilizaciones a Evo Morales y advierte sanciones por destrozos. Las protestas exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Este lunes se registraron decenas de piquetes y protestas en Bolivia, especialmente en la ciudad capital de La Paz. La medida de fuerza, que consistió en el corte de rutas, exigía que el presidente Rodrigo Paz abandone su cargo por llevar adelante un “Gobierno incapaz, que no piensa en los pobres y la gente de a pie”.
Frente a esta situación, el Gobierno intentó desactivar la crisis mediante mesas de diálogo y logró suavizar algunos frentes tras acordar con el sector de los maestros y los mineros cooperativistas. No obstante, el discurso terminó endureciéndose.
El Ejecutivo denunció la existencia de un “plan macabro” presuntamente financiado por el narcotráfico con el único objetivo de desestabilizar la gestión presidencial. “Es una movilización con fines conspirativos, que está en el límite de la legalidad”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.
Paredes sostuvo también que los movilizados “están jugando una especie de batalla final” y que todas las actividades de ese grupo de machistas “muestran que es un intento de Evo Morales de volver a ser Gobierno de la manera más antidemocrática que uno puede imaginar”. Por otro lado, el funcionario remarcó que se sancionará y detendrá a quienes causen destrozos contra la propiedad pública y las instituciones del Estado en La Paz.
Las medidas de fuerza fueron llevadas adelante por los campesinos de la Federación Túpac Katari, a los que se les sumaron los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el movimiento indígena de los Ponchos Rojos. Las bases movilizadas justifican las medidas de fuerza en base a los siguientes puntos críticos: crisis energética (denuncias por mala calidad y desabastecimiento de combustible), tierras (rechazo a las propuestas de reforma estatal sobre la propiedad de la tierra), falta de austeridad (reclamos por la ausencia de políticas de control del gasto público) y reformas constitucionales (exigencia de respeto a la Constitución Política del Estado, luego de que el Ejecutivo anunciara intenciones de impulsar una reforma parcial).