Los homicidios en Zacatecas, México, bajaron más que en cualquier otra región del país. Sin embargo, la percepción de inseguridad entre la población sigue siendo alta. ¿Qué estrategias se aplicaron y cuán sostenible es el cambio?
A finales de 2023, la situación de seguridad en Zacatecas, un estado en el centro de México, tocó fondo. La violencia era extrema: aunque en descenso respecto a años anteriores, el estado registraba un promedio de casi tres homicidios al día, siendo el segundo más letal del país. A esto se sumaban desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados. Dentro de las instituciones, los policías eran asesinados más que en cualquier otro lugar y la fiscalía local cumplía semanas en huelga; su jefe había renunciado en medio de escándalos y la impunidad alcanzaba el 99.9%.
Cristian Paul Camacho Osnaya, abogado de porte serio y formal, oficiaba como delegado en Zacatecas de la Fiscalía General de la República. Fue designado por la Gobernación y el Congreso locales para atender la emergencia. «Era una fiscalía que no escuchaba, que era insensible, no tenía empatía», dice el ahora fiscal. Luego, mostrando un extenso informe de gestión, da uno de los tantos datos: si en 2021 hubo 1.741 homicidios, en 2025 fueron 149; una caída del 91%. No hay fiscal en México que pueda alardear de números así.
Sin embargo, ocho de cada diez zacatecanos todavía se siente inseguro, según encuestas oficiales. Los grupos de víctimas y expertos se declaran escépticos de las cifras. Hay una brecha enorme entre lo que ve la fiscalía y lo que ve la gente. A nivel nacional, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reporta que los homicidios bajaron 30% en 2025, pero seis de cada 10 mexicanos viven entre el miedo. La extorsión y la violencia siguen siendo parte del paisaje cotidiano.
Zacatecas, uno de los estados menos poblados pero más importantes por historia y geografía, conecta el norte con el sur y el occidente con el oriente. Desde los años 80, ha sido un espacio disputado entre grupos del crimen organizado. El fiscal Camacho explica la reducción de la violencia con dos argumentos: coordinación y lucha contra el narcomenudeo. Todas las mañanas, los titulares de la Gobernación, las Fuerzas Armadas, las fiscalías y los entes de inteligencia se reúnen en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, un foro que elimina la división de competencias y permite respuestas inmediatas.
Camacho dice que la otra clave es el ataque metódico a los centros de venta de drogas: «El narcomenudeo es la puerta de entrada a delitos más graves; los jóvenes involucrados pueden iniciar con la venta de dosis, pero su nivel de agresividad suele escalar hacia la extorsión, el secuestro o el homicidio». Los cateos gestionados por Camacho, uno de los cuales dice estar ocurriendo en el momento de la entrevista, permitieron aumentar las detenciones y decomisos. La pregunta que queda es si esta tendencia es sostenible a largo plazo.