El proyecto de adhesión al PCT no será tratado en la Cámara de Diputados antes del 30 de abril, incumpliendo un compromiso del acuerdo comercial. La discusión enfrenta posiciones del gobierno, laboratorios nacionales y el sector científico.
Argentina no ratificará antes del 30 de abril el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un compromiso asumido por el presidente Javier Milei en el Acuerdo Recíproco de Comercio con Estados Unidos. El proyecto, aprobado por el Senado en 1998, no será debatido en la Cámara de Diputados antes de esa fecha, según confirmaron fuentes parlamentarias.
El tratamiento del convenio internacional se encuentra suspendido a pedido de la Cancillería, sin una fecha definida para retomar el debate en la cámara baja. «Es un tema de Cancillería que tiene que avisar cuando lo tenga cerrado», explicó una fuente oficialista consultada.
La ratificación del PCT enfrenta una fuerte resistencia por parte de los laboratorios de medicamentos nacionales, agrupados en cámaras como CILFA y Coopera. Estos sectores se oponen a la medida, argumentando que configuraría una «cesión de soberanía» en políticas de propiedad intelectual y anularía las Guías de Patentabilidad vigentes desde 2012, que les permiten producir versiones genéricas de medicamentos a menor costo.
Por otro lado, el gobierno nacional destaca los beneficios de la adhesión. Sostiene que facilitaría y abarataría el proceso para que empresas argentinas, como Mabxience o Bagó, y organismos científicos como el CONICET, protejan sus desarrollos en el exterior. Además, argumenta que fortalecería al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), permitiéndole aspirar a ser una Autoridad de Examen Preliminar Internacional, como lo es su par de Brasil.
El punto de discordia central es la posible adhesión con reservas al Capítulo II del tratado, una posibilidad que se analiza en Cancillería. Mientras los laboratorios nacionales piden esta reserva para mantener ciertas protecciones, otro sector del gobierno considera que no es viable. La decisión final sobre el texto y el momento del debate parlamentario queda ahora en manos de la diplomacia argentina.