El Ministerio de Justicia de la Nación, liderado por Juan Bautista Mahiques, ha redefinido la estrategia para modificar la legislación penal. En lugar de impulsar un nuevo Código Penal integral, el oficialismo optará por presentar una serie de reformas específicas al Congreso, priorizando el endurecimiento de penas para delitos de alto impacto social y la creación de nuevas figuras delictivas.
Cambios en el enfoque original
Según información a la que accedió Mendoza Viva, el proyecto original, elaborado por una comisión de juristas y revisado por el exministro Mariano Cúneo Libarona y la senadora Patricia Bullrich, ha sido sustancialmente modificado. La nueva versión, que lleva la impronta del ministro Mahiques, deja de lado temas de alto debate político y social que generaban fuerte controversia.
Entre los puntos que quedarían excluidos de la propuesta inmediata se encuentran la penalización del aborto, la eliminación de la figura de femicidio y la declaración de imprescriptibilidad para los delitos de corrupción. «El eje ahora es avanzar sobre lo seguro», explicó una fuente cercana al proceso, en referencia al agravamiento de penas para delitos como estafas piramidales y robos con modalidades específicas.
Polémica por corrupción y lavado
Uno de los aspectos que genera mayor análisis es el tratamiento de los delitos económicos. El borrador actual no solo mantendría las penas existentes para funcionarios condenados por corrupción, sino que elevaría el piso para investigar el lavado de activos. La ley vigente establece un mínimo de 150 salarios mínimos (unos 52 millones de pesos) para iniciar una causa. La nueva propuesta lo llevaría a 5.000 millones de pesos, lo que, según expertos, dejaría fuera de la persecución penal numerosos casos en trámite.
Además, se eliminaría el capítulo referido a genocidio y delitos de lesa humanidad, y se debilitarían las sanciones para delitos ambientales, según las mismas fuentes.
Consultas con la Corte y nueva estrategia
El ministro Mahiques ya se reunió con los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, para realizar consultas sobre los ajustes. El texto final será elevado al presidente Javier Milei antes de su presentación formal en el Parlamento.
Esta metodología de «pasos firmes» y revisión exhaustiva también se aplicará a los pliegos de nombramientos judiciales que se enviarán al Senado. Se priorizarán vacantes en fueros con alto impacto operativo pero menor exposición política, dejando para una etapa posterior los cargos en tribunales como los de Comodoro Py, donde se investigan causas de corrupción.
Foco en las víctimas y nuevas figuras
El paquete de reformas combina el endurecimiento punitivo con una ampliación de derechos para las víctimas. Introduce un «criterio de interpretación pro-víctima», que obligará a jueces y fiscales a ponderar sus derechos con mayor amplitud y les otorgará un rol más activo en el proceso.
Paralelamente, se tipificarán conductas como las estafas piramidales, con penas de entre tres y doce años de prisión, y se incorporarán figuras como el robo mediante modalidades de «salideras» o «viudas negras», reflejando delitos de creciente frecuencia en la sociedad.