La discusión sobre la dimensión del Estado provincial ingresó al ámbito legislativo en Córdoba con una propuesta concreta de la oposición. El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), liderado por Matías Gvozdenovich, presentó un proyecto de ley que busca la clausura de la red de Centros Cívicos distribuidos en el interior del territorio.
El argumento de la digitalización
La iniciativa se fundamenta en el avance de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI), que permite realizar trámites de manera virtual. Según los legisladores radicales, este sistema ha vuelto «obsoletas» las dependencias físicas, ya que prácticamente todos los servicios que allí se ofrecen pueden gestionarse en línea. Este planteamiento técnico toma como referencia el propio discurso oficialista, que ha utilizado argumentos similares para justificar la racionalización de servicios bancarios.
Una crítica con trasfondo político
Más allá de la eficiencia administrativa, la propuesta encierra una crítica de carácter político. La UCR cuestiona el rol que cumplen estas oficinas, a las que describe como estructuras de «anclaje territorial» para el oficialismo peronista. Gvozdenovich afirmó que se trata de espacios que funcionan más como «aguantaderos políticos» que como centros de prestación de servicios esenciales, representando un gasto innecesario para las arcas provinciales.
Destino de los recursos liberados
El proyecto no solo plantea el cierre, sino también la reasignación de los fondos. La iniciativa estima que el mantenimiento de esta red implica un costo anual cercano a los 2.000 millones de pesos. Estos recursos, sumados a los bienes muebles e inmuebles, serían transferidos al Ministerio de Educación. El objetivo declarado es reforzar el financiamiento del sistema educativo, con especial atención a una mejora salarial para los docentes, en el marco de la Ley Provincial 9870.
Alcance territorial de la medida
La red afectada incluye Centros Cívicos en ciudades como Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Bell Ville, Laboulaye, Villa Dolores, Río Tercero y Marcos Juárez. También alcanzaría a delegaciones en localidades como Cruz del Eje, Mina Clavero, Colonia Caroya, La Carlota, Corral de Bustos, Monte Buey, Río Ceballos y Villa del Totoral. Se trata de una estructura amplia que el oficialismo considera clave para la cercanía con los ciudadanos.
La disputa por el rol del Estado
Con esta movida, la UCR intenta llevar la discusión sobre el tamaño del Estado del plano retórico al campo de las iniciativas legislativas. La propuesta, aunque de difícil aprobación en una Legislatura de mayoría oficialista, busca instalar un debate incómodo para el gobierno de Llaryora. La pulseada anticipa que la eficiencia del gasto público y la estructura administrativa serán ejes centrales de la agenda política cordobesa de cara a los próximos años.

