jueves, 14 mayo, 2026

El Gobierno envió al Congreso la ‘Ley Hojarasca’

El Gobierno nacional elevó este jueves al Congreso un extenso proyecto de ley que tiene como objetivo principal la eliminación de más de setenta normas vigentes. Denominada coloquialmente como «Ley Hojarasca», la iniciativa busca realizar una depuración del ordenamiento jurídico, argumentando la existencia de una gran cantidad de leyes que han perdido su utilidad práctica.

Los fundamentos de la depuración normativa

En los documentos presentados, el Ejecutivo justificó la necesidad de esta ley señalando que muchas regulaciones han quedado obsoletas debido al avance tecnológico, cambios sociales o han sido englobadas por legislaciones posteriores más completas. El proyecto clasifica las normas a derogar en varias categorías específicas.

Categorías de normas a eliminar

Entre las categorías establecidas se encuentran las leyes consideradas meramente declamativas, aquellas cuyas circunstancias históricas de sanción ya no existen, y regulaciones superadas por el paso del tiempo o por nuevas tecnologías. También se incluyen normas que, según el Gobierno, afectan libertades individuales y aquellas que remiten a procesos administrativos o organismos que ya no existen.

Un proyecto con historia

La «Ley Hojarasca» es una iniciativa que Federico Sturzenegger viene impulsando desde el año 2024. En sus planteos originales, se destacaba como prioridad la derogación de legislaciones que, a criterio del Gobierno, limitan las libertades individuales de los ciudadanos.

Un ejemplo concreto: la Ley 14.034

Entre las normas señaladas para su eliminación se encuentra la Ley 14.034, promulgada en 1951. Esta ley establece penas de prisión para quienes propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino. Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado se argumentó que esta norma, en la práctica, podría impedir la defensa de derechos humanos en foros internacionales.

El envío de este proyecto al Congreso inicia ahora el proceso de debate parlamentario, donde los legisladores deberán analizar cada una de las derogaciones propuestas y su impacto en el marco legal vigente.

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