En varias islas del Caribe, residentes denuncian que el desarrollo turístico y las leyes de propiedad limitan su acceso a las costas. Activistas en Barbuda, Jamaica y Granada impulsan acciones legales para recuperar el acceso a las playas.
En la isla caribeña de Barbuda, el Pink Sands Beach Bar atendió a locales y turistas durante más de 20 años. Miranda Beazer, su antigua propietaria, afirmó que el bar era un lugar de reunión para jugar al dominó o descansar después de la iglesia los domingos. Tras el huracán Irma en 2017, los aproximadamente 2.000 habitantes de Barbuda fueron evacuados a la isla vecina, Antigua. El bar y la casa de Beazer quedaron destruidos. Beazer declaró: “No hubo nadie que saliera ileso (…) fue devastador. Lloré durante dos semanas”.
Antes de que el bar pudiera reconstruirse, su esposo falleció. Desarrolladores extranjeros le ofrecieron sumas de dinero por su terreno, pero Beazer las rechazó. “No busco el dinero”, aseguró. “Lo que realmente quiero es conservar mi tierra”. Posteriormente, lo que quedaba del bar fue demolido por desarrolladores extranjeros, según denunció Beazer. Desde entonces, mantiene una batalla legal para recuperar el acceso al terreno.
La propiedad de la tierra en Barbuda es colectiva. Los ciudadanos tienen derecho a ocupar una parcela mediante un arrendamiento, aunque no son propietarios privados. El sistema se estableció tras el fin de la esclavitud en 1834 y fue reconocido oficialmente en 2007 con la Ley de Tierras de Barbuda. Beazer afirmó que posee el arrendamiento de 12 hectáreas de costa, pero actualmente solo tiene acceso a tres. La Global Legal Action Network (GLAN), que respalda su caso, sostiene que el resto del terreno está ocupado por los desarrolladores Murbee Resorts y Peace Love and Happiness (PLH). Murbee señaló en un comunicado que es un arrendatario legal y que “no ha realizado actividades de construcción en terrenos sobre los que no tenga autoridad legal para hacerlo”. PLH declaró que “no ocupa ni ha ocupado jamás” el terreno.
El terreno de Beazer es la última franja de la costa sur de Barbuda accesible para los locales. A pocos kilómetros, el actor Robert de Niro y el multimillonario australiano James Packer forman parte de Paradise Found, desarrollador de The Beach Club Barbuda. El complejo de 160 hectáreas incluirá Nobu Beach Inn, un hotel de lujo con 17 residencias y 25 casas frente a la playa. Los habitantes locales aseguran que ya no pueden visitar ni ver la playa sobre la que se construyó el complejo, tras levantarse una carretera de desvío. El precio de una parcela en el sitio comienza en US$7 millones.
John Mussington, presidente del Consejo de Barbuda, argumentó que el proyecto fue posible al eludir la Ley de Tierras de 2007. Para permitir la construcción, el gobierno aprobó la Paradise Found Act en 2015, que estipula que la normativa de 2007 no se aplica al complejo. Activistas presentaron un recurso legal que llegó al Comité Judicial del Consejo Privado (JCPC) en Reino Unido. En 2022, el JCPC falló a favor del gobierno de Antigua y Barbuda, dictaminando que “los derechos otorgados a los barbudenses individuales únicamente por su condición de barbudenses (…) no constituyen un interés o derecho sobre la propiedad”. Paradise Found señaló que The Beach Club “se desarrolló de acuerdo con las leyes y los procesos de aprobación de Antigua y Barbuda” y que el acceso público a la playa Princess Diana “permanece sin cambios”.
En Jamaica, Devon Taylor, presidente del Jamaica Beach Birthright Environmental Movement (Jabbem), afirmó que la legislación vigente discrimina a los jamaicanos: “Establece claramente que no tenemos derechos en o sobre la zona costera”. El gobierno de Jamaica propuso una nueva ley para mejorar el acceso a las playas, pero Taylor sostuvo que impone más restricciones al fomentar que los hoteles vendan pases de playa a los locales. “Se está vendiendo de nuevo el acceso a la gente”, señaló. Según Jabbem, menos del 1% de la costa de Jamaica es de libre acceso para los locales. Mantienen cinco litigios separados contra el gobierno y desarrolladores privados.
En Granada, Kriss Davies, presidente del grupo Grenada Land Actors, expresó su temor de que la llegada de grandes complejos turísticos haga que la isla pierda su encanto. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Caribe “es la región más dependiente del turismo en el mundo”. Para los gobiernos, el crecimiento del sector ofrece una vía hacia el desarrollo económico. Taylor indicó: “Viajar nunca es neutral; implica tanto un peso económico como moral”. Añadió que estos desarrollos suelen desplazar a residentes de costas ancestrales y restringir el acceso público a las playas.