La decisión del gobierno nacional de eliminar el sistema de aportes obligatorios a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) generó posturas encontradas entre la Federación Económica de Mendoza (FEM) y el Consejo Empresario Mendocino (CEM).
La resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, en línea con la política de desregulación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, eliminó el esquema de aportes obligatorios que las bodegas realizaban para sostener el funcionamiento de la COVIAR, creada por la Ley Nacional 25.849.
La Federación Económica de Mendoza (FEM) expresó preocupación por el impacto de la medida sobre la corporación. Sostuvo que durante más de dos décadas la COVIAR permitió coordinar políticas para el crecimiento vitivinícola en 18 provincias, y destacó acciones vinculadas a la promoción del vino argentino, el desarrollo del enoturismo, la sostenibilidad y la asistencia técnica a productores. También señaló que la corporación acompañó gestiones como la eliminación de retenciones, mejoras en reintegros a exportaciones, la defensa del mosto argentino y programas de financiamiento internacional. “La discusión debe centrarse en cómo resolver los problemas estructurales que enfrenta la actividad, a través de un trabajo articulado entre el sector público y privado”, indicó la FEM en un comunicado. La entidad consideró que la COVIAR sigue siendo fundamental para sostener herramientas de articulación estratégica.
En contraste, el Consejo Empresario Mendocino (CEM) respaldó la resolución y afirmó que la eliminación de las contribuciones obligatorias representa un hito fundamental para reducir distorsiones y sobrecostos que afectan la competitividad empresaria. El CEM destacó que, a partir de ahora, cada empresa podrá decidir libremente si aporta o no a la COVIAR. “Se devuelve a las empresas la libertad de elegir a qué cámaras o proyectos sectoriales aportar de manera voluntaria”, sostuvo el comunicado de la entidad. Además, apoyó la visión del gobierno nacional y del Ministerio de Desregulación para eliminar aportes forzosos de cualquier tipo y reclamó avanzar sobre otros gravámenes similares que impactan en sectores productivos. En el texto, el CEM cuestionó el sesgo intervencionista del Estado y afirmó que las regulaciones y cargas obligatorias afectaron durante años el desarrollo del sector privado.
La controversia expuso diferencias sobre cómo debe financiarse la representación sectorial de la vitivinicultura argentina. Entidades vinculadas al entramado pyme y cámaras sectoriales sostienen que la COVIAR es clave para políticas comunes y estrategias de largo plazo, mientras que otros sectores empresarios consideran que el aporte obligatorio era una carga dentro del llamado costo argentino. La discusión se da en un contexto de caída del consumo interno, problemas de rentabilidad y dificultades para exportar. La COVIAR llevó el caso a la Justicia.