El ex juez federal Walter Bento presentó un recurso de casación de más de 500 hojas para intentar anular la condena a 18 años de prisión por corrupción. Su defensa plantea nulidades procesales y falta de pruebas en cinco puntos clave.
En una extensa presentación de 505 hojas, los abogados de Walter Bento buscan revertir la condena a 18 años de prisión dictada en febrero pasado por hechos de corrupción. El ex juez federal recurrió a la Cámara Federal de Casación Penal para que el expediente sea enviado a Comodoro Py y se anule la sentencia.
Los representantes legales Mariano Fragueiro, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali sostienen que la sentencia contiene nulidades procesales y que no hay pruebas suficientes para la condena que recibió el ex magistrado, su esposa Marta Isabel Boiza y su hijo Nahuel Bento.
“Una sentencia de 1.986 páginas no adquiere solidez por su extensión. Una pena de 18 años no adquiere legitimidad por su severidad”, argumentaron los defensores, que esperan una respuesta positiva de la Cámara Federal de Casación Penal.
Los 5 principales argumentos de la defensa
1. Error de procedimiento de la Fiscalía: La defensa sostiene que la acusación debió solicitar la pena durante los alegatos finales del megajuicio y no en una audiencia de cesura posterior a la declaración de culpabilidad.
2. Insuficiencia probatoria en la asociación ilícita: Afirman que nunca se probó que Bento fuera el jefe de una banda criminal que cobraba coimas en Mendoza. Cuestionan la validez de las 265 llamadas con Diego Aliaga y señalan que ningún testigo los vio juntos en 13 años.
3. Falta de precisión en los hechos de coimas: La defensa ataca cada uno de los casos de coimas por los que fue condenado, indicando que no se identificó el momento del acuerdo, el contenido del pacto, ni la contraprestación específica.
4. Enriquecimiento ilícito no probado: Argumentan que durante la causa nunca se requirió a la familia del ex juez la justificación de sus bienes patrimoniales.
5. Lavado de activos sin corroboración: Consideran que el tribunal se apoyó en inferencias dogmáticas e indicios equívocos, sin corroborar que los bienes decomisados provinieran de un delito.