La caída de la fecundidad reduce la matrícula escolar y obliga a las instituciones de gestión privada a replantear su futuro, financiamiento y autonomía.
La educación en Argentina, y particularmente el sector de gestión privada, se encuentra ante un cambio de paradigma sin precedentes que exige una mirada profunda sobre su sostenibilidad a largo plazo. Lo que antes se percibía como una fluctuación cíclica ha revelado su verdadera naturaleza como un cambio demográfico estructural que está redefiniendo el mapa de las instituciones educativas.
El país ha ingresado en una fase donde la fecundidad se sitúa por debajo del nivel de reemplazo generacional —establecido en 2,1 hijos por mujer—, lo que impacta de manera directa en la matrícula de los niveles inicial y primario. Esta tendencia no es un fenómeno coyuntural, sino una transformación de la estructura etaria de la sociedad que obliga a replantear la planificación estratégica de todo el sistema educativo nacional.
Este escenario no es exclusivo de la región, sino que responde a una tendencia global donde el 55% de los países presentan niveles de fecundidad inferiores al reemplazo generacional. En las últimas décadas, la tasa global de fecundidad ha caído de 4,8 en 1970 a un estimado de 2,2 en 2024, proyectándose que continuará su descenso hasta alcanzar 1,8 a finales de siglo. En Argentina, la magnitud del cambio es significativa, con una reducción de la tasa de fecundidad del 53,3% entre 1980 y 2020. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se posiciona como el epicentro de esta transformación, registrando un promedio de apenas 0,9 hijos por mujer, el valor más bajo del país y un anticipo del escenario que podría extenderse al resto de las grandes urbes.
Bajo esta presión demográfica, surge la posibilidad de que el Estado, lejos de ajustarse a sí mismo ante la menor demanda, aproveche la baja natalidad para ejecutar un ajuste sobre el sector privado. Se advierte el riesgo de un proceso donde las escuelas de gestión privada pierdan autonomía y deban asemejarse cada vez más a las estatales. Para lograr esto, el Estado podría utilizar diversos mecanismos, desde la manipulación de la inversión por escuela y alumno hasta recortes en el aporte estatal o la implementación de sistemas de vouchers que condicionen la viabilidad institucional.
El impacto en las escuelas de gestión privada se manifiesta ya en cifras concretas, con una caída proyectada de miles de alumnos para los próximos años tanto en el nivel inicial como en el primer grado de la primaria. Esta drástica contracción conlleva riesgos estratégicos, como la ilusión fiscal de creer que los presupuestos y aportes estatales para la gestión privada se mantendrán lineales a pesar de la capacidad ociosa. Existe también el peligro de la canibalización, donde las escuelas de una misma red terminan compitiendo entre sí por una audiencia reducida, o la asfixia de las escuelas motor, donde el uso de excedentes para cubrir déficits operativos de otras instituciones termina debilitando la posición competitiva de todo el conjunto.
Si no se actúa a tiempo, Argentina corre el riesgo de convertirse en un país con un sistema educativo fragmentado: un segmento privado exiguo dedicado a sectores vulnerables mediante subsidios y una educación privada de élite para los segmentos más pudientes. De ser así, la libertad de elección de las clases medias se vería gravemente comprometida, quedando atrapadas en una encrucijada sin opciones intermedias. La baja natalidad podría provocar que las escuelas privadas dirigidas a la clase media desaparezcan o disminuyan drásticamente, obligando a estas familias a volcarse exclusivamente hacia la educación pública gratuita por falta de alternativas sostenibles.
Lejos de una mirada puramente pesimista, este paradigma demográfico puede interpretarse como una oportunidad histórica para el rediseño institucional. La menor presión cuantitativa permite focalizar esfuerzos en la excelencia de la oferta y en la ampliación de la jornada escolar. Las instituciones pueden optar por dos caminos de optimización: mantener las secciones para reducir el número de alumnos por aula, favoreciendo un clima de aprendizaje personalizado, o bien mantener el número de alumnos constante y reasignar a los docentes liberados a nuevos roles estratégicos, como tutorías individuales o grupos pequeños de aprendizaje.
Para enfrentar este desafío, las lecciones internacionales sugieren una transición hacia una gestión profesionalizada y en red. Una de las prácticas recomendadas es la creación de un back office compartido que centralice funciones administrativas y contables para reducir costos fijos. Además, el rediseño de la oferta educativa debe incluir la reutilización de activos inmobiliarios para nuevos fines, como centros comunitarios, formación profesional o educación de adultos. El futuro de la educación privada dependerá de su capacidad para actuar con una voz unificada ante el Estado, exigiendo reglas de financiamiento estables que preserven el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.