La ley de salud mental marcó un cambio de paradigma en Argentina, pero en Mendoza la falta de dispositivos intermedios y financiamiento limita su implementación efectiva.
El problema de la salud mental en Argentina no es la ley, sino la falta de inversión y la ausencia de una red de contención comunitaria que asegure su efectividad. El cambio de paradigma en salud mental fue necesario y generó avances concretos. Pero sin dispositivos intermedios, sin financiamiento y sin alternativas reales para pacientes y familias, el sistema queda a mitad de camino. El problema ya no es la ley: es lo que nunca se construyó para que funcione.
Durante décadas, el sistema de salud mental en Argentina arrastró un problema estructural, con internaciones prolongadas, muchas veces sin control efectivo, donde pacientes permanecían años institucionalizados, en algunos casos más por abandono social que por indicación clínica. La ley vino a corregir ese desvío, introduciendo un cambio de paradigma fundamental al reconocer al paciente como sujeto de derecho y limitar las internaciones involuntarias a situaciones de riesgo cierto e inminente. Ese cambio no fue menor. Hoy, en Argentina en una buena parte de los hospitales generales, existen internaciones en salud mental, lo que permite abordar al paciente de manera integral, sin separar lo físico de lo psíquico, y reduce significativamente la estigmatización asociada a los antiguos modelos de neuropsiquiátricos. Este es un avance concreto que debe ser reconocido.
Sin embargo, el problema no radica en ese principio, sino en lo que nunca se logró construir alrededor de él. Al restringir la internación como respuesta, el sistema debía desarrollar una red alternativa que nunca llegó a consolidarse. Los dispositivos intermedios como casas de medio camino, centros de día, estructuras comunitarias, siguen siendo escasos o directamente inexistentes en muchas regiones. Esto genera una situación crítica: pacientes que no cumplen criterios de internación, pero que tampoco pueden sostener una vida autónoma, especialmente en contextos de consumo problemático o deterioro psicosocial.
A esta limitación se suma un aspecto clínico decisivo: en muchos casos de consumo, la conciencia de enfermedad no está presente. El paciente no reconoce su situación ni demanda ayuda de manera sostenida, lo que vuelve insuficiente el abordaje exclusivamente ambulatorio. No se trata de volver a modelos de internación prolongada, sino de reconocer que entre la internación y el tratamiento ambulatorio existe una zona intermedia que hoy no tiene respuesta. Espacios que permitan contener, generar una pausa y construir progresivamente la demanda de tratamiento son indispensables para que el sistema funcione.
Cuando esas alternativas existen y se explican, las familias comprenden y acompañan. El problema aparece cuando la única respuesta es negar la internación sin ofrecer un dispositivo real que la reemplace. En ese vacío, las familias quedan solas, los pacientes sin contención, y el sistema pierde eficacia. A esto se suma un dato cotidiano: muchos dispositivos existentes están desbordados, con turnos diferidos y dificultades para sostener seguimientos adecuados, lo que fragmenta la continuidad del cuidado y debilita cualquier estrategia terapéutica. Porque un sistema que no ofrece alternativas comprensibles, accesibles y sostenibles en el tiempo tampoco puede ser entendido ni acompañado por quienes lo necesitan.
En este contexto, el debate actual corre el riesgo de plantearse en términos ideológicos, a favor o en contra de la ley, cuando en realidad el problema es operativo. No es sólo qué dice la norma, sino qué sistema existe para hacerla posible. Cuando una ley define derechos pero no se acompaña de los recursos necesarios para garantizarlos, esos derechos quedan en el plano formal. La discusión de fondo no debería ser si la ley es correcta o no, sino cómo se construyen las condiciones reales para que funcione. Esto implica inversión sostenida, desarrollo de dispositivos intermedios, fortalecimiento del abordaje comunitario y una articulación efectiva entre el sistema de salud y el entramado social. En definitiva, el desafío es que los dispositivos y los abordajes sean accesibles a quienes lo necesitan y funcionen adecuadamente.