Una iniciativa del Ministerio de Salud, que busca revisar el régimen de pensiones no contributivas, comenzará a tratarse en la Cámara alta. El proyecto propone un reempadronamiento de beneficiarios y modificaciones en la regulación de prestaciones para personas con discapacidad.
El Senado de la Nación comenzará a tratar en el corto plazo un proyecto de ley del Ministerio de Salud que modifica el régimen de pensiones por invalidez. La iniciativa establece un proceso de reempadronamiento para todos los beneficiarios en un plazo de 90 días hábiles, prorrogable por 30 días más. Quienes no completen la actualización de datos médicos y socioeconómicos en ese lapso enfrentarán la suspensión del pago hasta regularizar su situación.
El proyecto mantiene el monto de la pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero introduce cambios en los requisitos. Se exige que la invalidez sea total y permanente, y se establece la incompatibilidad entre percibir la pensión y tener un trabajo formal, ya sea en relación de dependencia, como monotributista o autónomo.
Según los fundamentos de la iniciativa, el número de pensiones pagadas por el Estado pasó de 76 mil en 2003 a 1.2 millones en 2023. El Poder Ejecutivo argumenta que este crecimiento ha generado «sospechas» sobre las condiciones de otorgamiento, confirmadas, según indica, por investigaciones que detectaron irregularidades como domicilios inexistentes o falta de verificación de requisitos legales y médicos.
Otro aspecto del proyecto es la modificación en la regulación de las prestaciones para personas con discapacidad. Actualmente, la Superintendencia de Servicios de Salud fija aranceles universales para cada tipo de prestación. La reforma propuesta eliminaría este sistema de precios fijos, permitiendo que cada obra social o prepaga negocie o establezca sus aranceles.
Desde el bloque oficialista en el Senado se cuenta con mayoría para su aprobación, aunque se registraron cuestionamientos por el alcance de las reformas. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se refirió al tema y garantizó un esquema de trabajo razonable, sin apurar los tiempos legislativos.
Por su parte, fuentes parlamentarias de Unión por la Patria han expresado su preocupación, señalando que la propuesta podría ser un «caballo de Troya» que, bajo el objetivo de depurar las listas, busca una «liberalización absoluta» de los precios de las prestaciones, lo que podría derivar en reducciones de cobertura.