El Ejecutivo nacional presentó un recurso ante la Cámara Federal para frenar la aplicación de la ley, argumentando aspectos constitucionales y fiscales, mientras las universidades advierten sobre una crítica situación financiera.
El gobierno del presidente Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, según confirmaron fuentes oficiales. Si el tribunal acepta la medida, el caso será elevado a la Corte Suprema de Justicia.
Desde el oficialismo se sostienen dos argumentos principales. En primer lugar, se considera que la normativa sancionada es inconstitucional al no especificar el origen de los fondos para solventar a las universidades. Por ello, se plantea no transferir recursos hasta que el máximo tribunal se expida. En segundo término, si bien se estima que la ley tendría un costo de 2,5 billones de pesos, desde el Gobierno se señala que el problema no es el déficit, sino definir de dónde se obtendrán esos fondos, ya sea de recortes en obra pública o en partidas para las provincias.
Paralelamente, el oficialismo anunció que trabajará en la sanción de una nueva ley, aunque aún no cuenta con los respaldos parlamentarios asegurados.
Por otro lado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informó que las transferencias a las universidades públicas nacionales han caído un 45,6% desde 2023 a la fecha. Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, calificó la situación como «extremadamente crítica» y advirtió que, de no haber respuestas de las autoridades o cumplimiento de la ley, se convocará nuevamente a la sociedad.