La iniciativa busca actualizar la normativa vigente desde 2010, con el objetivo declarado de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y clarificar procedimientos.
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para una nueva Ley de Salud Mental, según informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, indicaron que la propuesta actualiza la ley sancionada en 2010 con la intención de «mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario».
Según los argumentos expuestos, el proyecto busca «proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia». Para su elaboración, se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo.
Entre los hallazgos de este diagnóstico, se detectó que solo 16 de las 23 jurisdicciones del país adhirieron formalmente a la ley actual y que existen solo 18 hospitales generales con servicios de salud mental.
El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de «trastornos mentales o del comportamiento» en reemplazo del término «padecimiento mental», considerado por la actual administración como «ambiguo» y «demasiado amplio». Asimismo, se reemplazaría el criterio actual por el de «situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros», con el fin de habilitar lo que describen como «intervenciones más oportunas y preventivas».
Desde la cartera sanitaria aclararon que la internación continuará siendo considerada un «recurso excepcional, pero necesario». Se establece que los psiquiatras podrán indicar una «internación involuntaria», la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. El plazo de notificación judicial se extendería de 10 a 24 horas. En casos de internación voluntaria, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad; de estar afectada, la internación podría transformarse en involuntaria con la correspondiente notificación a la justicia.
Otra modificación sustancial propone fortalecer la red de atención en salud mental, incluyendo hospitales especializados, lo que representa un cambio respecto a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente, existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas en el país.
Finalmente, el proyecto plantea ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y la Sedronar.