El ministro Federico Sturzenegger defenderá este miércoles ante comisiones del Senado la iniciativa que busca reformar el régimen de desalojos, la ley de expropiaciones y la normativa sobre tierras para extranjeros.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá este miércoles en el Senado sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa tiene como objetivo defender el derecho de propiedad, modificar los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, establecer un mecanismo rápido de desalojo y reformar la Ley del Manejo del Fuego.
El funcionario concurrirá a las 16 a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los legisladores de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Nadia Márquez, según informaron fuentes oficialistas.
El proyecto se estructura sobre el fortalecimiento de las garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, el régimen de Regularización Dominial, la revisión de las restricciones del régimen de tierras rurales y la reforma de la ley del manejo del fuego.
En materia de expropiaciones, se establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, incluyendo garantías del debido proceso, pero buscando acortar los plazos para la entrega de la propiedad a su titular.
La iniciativa también elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras, establecidos en una ley de 2011. El Gobierno argumenta que aquella normativa implicó «una limitación irrazonable» que desincentivó la inversión internacional, principalmente en el sector agropecuario. La reforma propone concentrar los controles en casos donde se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas.
Además, el proyecto modifica la Ley del Manejo del Fuego, eliminando artículos centrales de la norma impulsada en 2020 que, en caso de incendio, impedían la venta de humedales, bosques nativos y áreas protegidas por 60 años, y prohibían cambiar el destino de zonas agrícolas incendiadas por 30 años. El Gobierno sostiene que estos plazos son «extremadamente prolongados» y «afectan al ejercicio del derecho de propiedad», sin demostrar eficiencia para la restauración.