Una iniciativa legislativa busca modificar la normativa vial para establecer penas agravadas y claras para los funcionarios públicos que conduzcan bajo los efectos del alcohol.
La diputada provincial Stella Maris Huczak (PRO) presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad de Tránsito Vial y el Código Contravencional de Mendoza. El objetivo principal es actualizar y precisar las sanciones por conducción con alcoholemia positiva, con un foco especial en los funcionarios públicos.
La iniciativa propone una escala de multas e inhabilitaciones más clara y proporcional, reforzando el carácter disuasivo de la norma. Uno de sus puntos centrales es la incorporación de una agravante específica para funcionarios públicos —nacionales, provinciales o municipales— que cometan este tipo de infracciones, lo que conllevaría un incremento en las sanciones y la obligación de comunicar el hecho a la autoridad correspondiente.
«La función pública no es un privilegio, es una responsabilidad. Quien representa al Estado debe cumplir la ley y dar el ejemplo», sostuvo la legisladora.
Además, el proyecto refuerza las sanciones para los casos más graves, especialmente cuando la alcoholemia supera 1 gramo por litro de sangre, incluyendo multas más elevadas, mayores plazos de inhabilitación y la posibilidad de arresto. También se elimina la opción de reemplazar estas sanciones por trabajo comunitario, con el fin de evitar que se minimicen conductas de alto riesgo.
«El objetivo es claro: cuidar la vida, ordenar las reglas y dejar en claro que nadie está por encima de la ley, y mucho menos quienes ejercemos una función pública», concluyó Huczak.