La controvertida reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno con el apoyo de las provincias mineras podría ingresar en una zona gris luego de que se habilitara el pedido de la oposición para someter la propuesta a una audiencia pública y en las primeras 48 horas se anotaran casi 8 mil personas y organizaciones para participar en el debate en la Cámara de Diputados.
De acuerdo a lo informado por fuentes de la oposición, ya hay más 7.800 inscriptos para la audiencia pública, que el oficialismo quiere que se desarrolle entre el 25 y 26 de marzo, según lo acordado en la reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, y de Asuntos Constitucionales, que controlan el sanjuanino José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.
Justamente en esa reunión se resolvió que cada participante tendrá un tiempo de 5 minutos para exponer sobre el tema, lo que para la oposición implicaría, según los datos que circulan hasta el momento, unos 50 días de audiencia con una duración de 12 horas cada jornada. Esto iría en contra del cronograma del oficialismo que aspiraba a sacar despacho después de los feriados de Semana Santa, entre el 7 y 8 abril para llevarlo al recinto una semana después.
Sin embargo, desde La Libertad Avanza desalentaron los números que maneja la oposición y, si bien no oficializaron la cantidad de inscriptos, advirtieron que la participación en la audiencia «no significa explícitamente que estén presentes todos». En consecuencia, el oficialismo no estaría dispuesto a extender las audiencias e incluso remarcó que en la reunión de comisiones se votó que se haga el 25 en forma presencial y el 26 vía zoom.
A todo esto, los bloques de la oposición presentaron una nota a los presidentes de las comisiones que coordinan la audiencia pública para que se publique el listado de personas inscriptas para participar en cada una de las jornadas, y se actualice la información cada 24 horas.
El documento lleva las firmas de los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva (Unión por la Patria), María Inés Zigarrán (Provincias Unidas) y Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba). Para los diputados debe ser público el listado de inscriptos que aún no fue activado en la página web de la cámara. Según trascendió entre los anotados a la audiencia hay organizaciones ambientalistas, académicos y sectores productivos.
El oficialismo se planta y no extendería los plazos
El Gobierno apostaba a aprobar la propuesta para antes de fines de marzo luego de que obtuviera la media sanción del Senado con 40 votos a favor, entre oficialistas, aliados e incluso votos peronistas, 31 en contra y 1 abstención, de la neuquina Julieta Corroza.
Pero previo al inicio del debate en comisión en Diputados, Maximiliano Ferraro había anticipado que iba a reclamar la convocatoria a una audiencia pública antes de sacar despacho para que el proyecto llegue al recinto. Lo hizo invocando el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).
Ante la amenaza de que pueda judicializarse la propuesta, el oficialismo tuvo que acceder al pedido de audiencia pública. Y si bien lo que se resuelva no es vinculante, en La Libertad Avanza no descartan la posibilidad de que se hagan modificaciones a la propuesta, lo que obligaría a regresarla al Senado.
En el oficialismo están confiados en que tendrán los votos para aprobar la iniciativa en el recinto de Diputados, aunque entre las fuerzas opositoras alientan la posibilidad de rechazar la iniciativa, ya que en la Cámara alta tuvo el acompañamiento de 4 peronistas. Por ahora, se especula que el Gobierno contaría con más de 130 votos para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares.
Para la oposición, lo paradójico de la situación es que sea La Libertad Avanza que haya tenido que activar el Acuerdo de Escazú, dado que su líder Javier Milei calificó como falsos los informes que alertan sobre el calentamiento global y el cambio climático.
El pacto Escazú que la Argentina firmó en 2018 en Costa Rica, junto a otros 16 países tiene una jerarquía superior a una ley del Congreso y exige al Estado cumplir tres pasos obligatorios ante una política que puede afectar los recursos naturales. Primero debe publicar datos científicos claros sobre el impacto, someter la propuesta a audiencias públicas antes de votar y aplicar el Principio de No Regresión, es decir, de protección del medio ambiente.