Después de que la Cámara de Diputados le impusiera un freno al ajuste el día anterior (rechazando el veto a la Ley de Discapacidad), el Senado coronó una semana negra para Javier Milei con un golpe institucional sin precedentes. Con una mayoría amplia y transversal, la oposición rechazó cinco decretos presidenciales que disolvían y desregulaban organismos clave del Estado, y al mismo tiempo aprobó dos leyes que refuerzan el financiamiento universitario y declaran la emergencia pediátrica con más recursos para hospitales.
Las votaciones dejaron en evidencia la soledad parlamentaria del oficialismo, que apenas reunió apoyos circunstanciales, y marcaron un hecho histórico: ningún presidente desde la recuperación democrática había visto tantos decretos rechazados, ni había enfrentado la anulación definitiva de un DNU por las dos cámaras. El resultado deja a Milei con un récord negativo en apenas dos años de gestión.
Cómo funciona el rechazo parlamentario
Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) surten efecto de inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial. Luego deben ser enviados a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que eleva un dictamen a ambas cámaras. La clave es que un DNU se mantiene vigente si al menos una cámara lo aprueba o lo deja sin tratar. Sólo pierde validez si tanto Diputados como Senadores votan expresamente por el rechazo.
En la práctica, esta regla convirtió al Congreso en un actor más reactivo que decisorio. De hecho, desde 1983 hasta 2024 ningún presidente había visto un decreto derogado por la intervención de ambas cámaras. Todo cambió con Milei.
Aunque ningún decreto había sido derogado en forma definitiva, sí existieron rechazos parciales. En 2010, la Cámara de Diputados votó en contra de dos decretos de Cristina Fernández de Kirchner relacionados con el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda. Pero como el Senado nunca los trató, continuaron vigentes.
Más tarde, en 2020, el Senado —con mayoría kirchnerista— rechazó tres decretos de Mauricio Macri firmados entre 2015 y 2018. Uno de ellos transfirió las escuchas telefónicas a la Corte Suprema; otro reorganizó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos; y el último otorgaba una compensación a distribuidoras de gas tras la devaluación. Nuevamente, al no ser acompañados por Diputados, los decretos no cayeron. Es decir: hasta Milei, todos los presidentes habían sorteado las objeciones legislativas. Y ningún mandatario peronista había recibido el rechazo efectivo de ambas cámaras.
Milei y el quiebre de la regla
El actual presidente no sólo perdió en Diputados y Senadores con su DNU 656/2024, que ampliaba fondos reservados para inteligencia, sino que también vio rechazados otros decretos delegados vinculados a la disolución de Vialidad, la reorganización del INTA y el INTI, la quita de autonomía al Banco Nacional de Datos Genéticos y la reestructuración de institutos culturales.
La oposición tejió mayorías transversales que incluyeron a radicales, peronistas, bloques provinciales e incluso a libertarios disidentes. Con ello, Milei acumuló más decretos rechazados en menos de un año que todos sus predecesores en cuatro décadas. En palabras de un constitucionalista consultado: “Es la primera vez que el Congreso no solo controla, sino que limita efectivamente al Poder Ejecutivo en el uso de DNUs”.
Desde la vuelta a la democracia, el recurso del DNU ha sido frecuente y controvertido. Raúl Alfonsín lo utilizó en contadas ocasiones, aunque uno de los más recordados fue el del Plan Austral. El “big bang” llegó con Carlos Menem, que firmó 195 decretos.
Néstor Kirchner fue el presidente que más DNUs dictó: 236 en total. Eduardo Duhalde, en su breve interinato, rubricó 154, lo que lo ubica como uno de los mandatarios con mayor promedio por día de gestión. Cristina Fernández de Kirchner fue la que menos usó la herramienta: 78 en ocho años de gobierno.
Mauricio Macri sumó 71; Fernando de la Rúa, 59; Alberto Fernández, 177 —concentrados en la pandemia de 2020—; y Adolfo Rodríguez Saá, 6 en apenas una semana de mandato. Milei, con 62 decretos en menos de un año y medio de gestión, se posiciona ya en el cuarto lugar en promedio diario de emisión, superado solo por Rodríguez Saá, Duhalde y Néstor Kirchner.
Una herramienta bajo sospecha
El artículo 99 inciso 3 de la Constitución, reformada en 1994, autoriza al presidente a dictar DNUs “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir el trámite ordinario de las leyes”. Están vedados en materia penal, tributaria, electoral y de partidos políticos. Sin embargo, la práctica amplió notablemente su alcance.
Juristas coinciden en que el mega DNU 70/2023 de Milei, con más de 600 páginas, significó un salto cualitativo al modificar o derogar cientos de normas en bloque. “Fue un intento de sustituir al Congreso”, opinó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Otros, como Daniel Sabsay, advirtieron que “el rechazo marca un límite inédito al hiperpresidencialismo argentino”.
Detrás de las votaciones se esconde un dato político significativo: ningún presidente peronista había sufrido la derrota de un decreto en ambas cámaras. Los rechazos previos (Cristina en Diputados, Macri en el Senado) habían quedado en gestos simbólicos. El caso Milei, en cambio, inaugura una nueva etapa en la que el Congreso no sólo se pronuncia, sino que efectivamente frena decisiones ejecutivas. En términos institucionales, se trata de un reequilibrio de poderes. En términos políticos, de una señal de debilidad: el oficialismo libertario carece de quórum propio y no logró construir mayorías estables para sostener sus medidas.
En cuatro décadas de democracia, el DNU se convirtió en un instrumento clave de todos los presidentes, utilizado tanto para emergencias reales como para legislar por fuera del Congreso. La diferencia es que Milei, en tiempo récord, ya ostenta un récord negativo: es el primer mandatario al que el Congreso le rechaza y deroga decretos de manera definitiva. El dato resume una paradoja: el presidente que más ha hecho bandera de la “lucha contra la casta” se topó con un Congreso que, por primera vez desde 1983, consiguió torcerle el brazo a la herramienta más poderosa del hiperpresidencialismo argentino.
por R.N.