La jubilada de 87 años que fue empujada por un policía, cayó al piso y se golpeó la cabeza presentó una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de la represión desatada contra jubilados e hinchas de diversos clubes de fútbol el miércoles 12 en las inmediaciones del Congreso. El efectivo con quien tuvo el altercado también fue denunciado por los delitos de lesiones leves agravadas. El requerimiento fue tomado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1.
La presentación de la mujer se suma a la denuncia que ya había hecho la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) por la agresión que sufrió Blanco. El ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo, quien todavía está internado con heridas de gravedad en el Hospital Ramos Mejía y lucha por su vida, también fue uno de los disparadores para radicar la denuncia por parte de la entidad.
Las imágenes de la mujer cayendo al piso fueron rápidamente viralizadas en redes sociales. En ellas, se ve como Blanco, durante la protesta contra el ajuste y los bajos salarios de los jubilados, se acercaba por detrás a efectivos de seguridad y uno de ellos respondía golpeándola.
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Al instante, la mujer cayó al piso, donde quedó tendida y fue socorrida por los manifestantes presentes. Tras el incidente, debió ser trasladada en una ambulancia de la Policía Federal con sangre en la cabeza. Posteriormente, se confirmó que sufrió un traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante en la región baja de la cabeza e irritación en los ojos, por el contacto con el gas pimienta.
Un día antes, el jueves 13, Bullrich había calificado públicamente a Blanco como “una señora patotera” durante una entrevista con LN+: “Agarró a un policía y le empezó a pegar palazos hasta que él se dio vuelta, porque no sabe quién le está pegando un palazo, y la señora se cae. Ella le pegó diez palazos al policía. Permitimos que al policía le peguen… Cuando él se saca de encima a quien le pega el palazo, en ese momento se cae. Él estaba mirando allá. ¿Que sea una señora de 80, 87… se dijeron varias edades… le da impunidad a pegarle a un policía? ¿Porque es grande?”.
Los jubilados en Argentina: olvido, miseria y manipulación
El Gobierno denunció a organizadores de la marcha por «sedición»
El Ministerio de Seguridad presentó hoy una denuncia penal por los delitos de «sedición», «atentado al orden constitucional» y «asociación ilícita agravada» contra los organizadores de la marcha del pasado miércoles, mientras que la jueza de la causa, Karina Andrade, sostuvo que liberó a varios de los detenidos porque «nadie» le llevó información acerca de que hubieran participado «barrabravas». El requerimiento fue realizado por instrucción de la ministra Patricia Bullrich y quedó radicado ante la Justicia Federal, en el Juzgado N° 11.
La presentación señaló como posibles responsables de los episodios de violencia al exlíder montonero Mario Firmenich; a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados que habrían “promovido los disturbios con fines desestabilizadores” en la marcha.
En el escrito, presentando por el abogado Fernando Soto, la cartera cuestionó la decisión de Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos, y reclamó que se declarara la incompetencia por «inhibición» a la magistrada.
«Por tales razones estamos evaluando la presentación de una denuncia penal (contra Andrade) por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos, con la pertinente denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», señalaron desde Seguridad..
Por su parte, la jueza salió a defenderse y sostuvo que nadie le dio datos certeros de que «había barrabravas» en la marcha, A su vez, indicó que «hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos». En declaraciones a radio El Destape, Andrade sostuvo: «Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución. Mi decisión no fue espontánea», aseguró.
TC / Gi