El caso que conmovió a la sociedad argentina hace casi cinco años sigue escribiendo capítulos en los tribunales. Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, y desde entonces los responsables condenados por su muerte se encuentran detenidos, mientras las miradas están puestas en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que deberá definir el destino de los acusados.
Entre ellos está el de Máximo Thomsen, condenado a prisión perpetua por el brutal asesinato, que concentra la atención debido a un cambio significativo en su estrategia judicial. Desde su detención, el joven de 25 años ha enfrentado el encierro con actividades recreativas, talleres de lectura y capacitación jurídica. Según su abogado, Francisco Oneto, Thomsen mantiene la esperanza de que su condena sea revocada. «Está cansado, pero con ánimo y esperanzado en que se revierta la pena», aseguró.
El cambio de Thomsen de romper con la defensa unificada, que hasta ahora agrupaba a todos los imputados, no alteró la dinámica en el pabellón donde cumple su condena junto con los otros siete jóvenes implicados en el homicidio.
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Rutinas tras las rejas y la espera del fallo
En la Alcaidía Departamental La Plata 3, ubicada en Melchor Romero, los condenados comparten el pabellón número 3. Allí, Thomsen convive con Luciano Pertossi (23), Ciro Pertossi (24), Enzo Comelli (24), Matías Benicelli (25) —todos también sentenciados a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado— y con Ayrton Viollaz (25), Lucas Pertossi (24) y Blas Cinalli (23), quienes recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios del asesinato.
Divididos en cuatro celdas, los ocho jóvenes tienen un régimen de visitas semanal los jueves, entre las 13 y las 17 horas, según informó una fuente cercana a su situación. Mientras tanto, continúan cumpliendo condena en un contexto de cierta estabilidad, a pesar de las tensiones legales que siguen definiendo su futuro.
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El quiebre en la estrategia defensiva
El 22 de marzo pasado marcó un giro en el enfoque legal de los acusados. Los camaristas Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño, de la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense, confirmaron el fallo emitido en febrero de 2023 por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, aunque eliminaron la figura de alevosía como agravante.
Este fallo provocó una fractura en la estrategia defensiva, hasta entonces liderada en bloque por el abogado Hugo Tomei. Máximo Thomsen pasó a ser representado por Francisco Oneto, mientras que Matías Benicelli recurrió a Carlos Attias. A pesar de esta división, fuentes aseguran que la convivencia entre los acusados no ha sufrido alteraciones significativas.
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Thomsen enfrenta una situación particularmente delicada: las marcas en el rostro de la víctima coinciden con la huella de su zapatilla, elemento clave en la causa. Oneto ha argumentado que no se realizaron los peritajes necesarios para determinar si los golpes de su defendido fueron determinantes en el deceso de Báez Sosa. En un extenso escrito presentado ante el Tribunal de Casación Penal, sostuvo que podrían existir otros responsables del golpe fatal.
Benicelli, por su parte, también presentó un recurso ante el máximo tribunal penal bonaerense, denunciando que no pudo declarar durante el juicio por decisión de su anterior defensor. Según su testimonio escrito, esta decisión le impidió aclarar «inconsistencias y contradicciones» surgidas durante el proceso.
La lucha de los padres de Fernando
Mientras los condenados buscan reducir sus penas, los padres de Fernando Báez Sosa continúan su lucha por una justicia plena. Representados por Fernando Burlando y su equipo, presentaron un recurso extraordinario ante la Suprema Corte bonaerense, manifestando su desacuerdo con las condenas más leves otorgadas a Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli como partícipes secundarios.
“Día a día veo el sufrimiento de los padres de Fernando. Ellos no tienen a quién abrazar ni con quién soñar, mientras que los condenados sí tienen esas posibilidades”, expresó Fernando Burlando, quien considera que el fallo inicial no refleja la magnitud del crimen.
El Ministerio Público Fiscal también apeló las condenas, defendiendo que todos los acusados deberían ser considerados coautores del homicidio agravado. La Suprema Corte bonaerense tiene ahora la última palabra, enfrentándose a múltiples recursos que deberán ser evaluados antes de emitir un veredicto definitivo.
FM / Gi