A la ley de Alquileres hoy tan vilipendiada, la votaron todos y todas. Casi sin excepción. En Diputados, a las 17.02 del 20 de noviembre de 2019, el tablero marcó 191 votos a favor, 0 en contra y, eso sí, 24 abstenciones de diputados que hoy parecen decir: “Yo les avisé…”
La reforma que se impuso tiene dos aspectos que son el corazón de la ley: se llevaron los contratos de alquiler con fines de vivienda a tres años (históricamente había sido dos años), y se impuso un plazo de actualización de los montos una vez al año, en base a un índice que combina evolución de salarios e inflación.
El impulso a la ley fue en el último año de la gestión Macri y tuvo como abanderado al diputado del PRO Daniel Lipovetzky, que era entonces presidente de la Comisión de Legislación. Lipovetzky, del ala más progresista del PRO (fue un verde emblemático en el debate por el aborto), creía que había que mejorar lo que no se había tocado en 30 años, y avanzar para “no regalarle la bandera” de esta ley a la oposición a Cambiemos.
Es que ya antes, en 2016, el Senado había dado media sanción al proyecto de la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu, en coautoría con la Federación Nacional de Inquilinos. ¿Qué postulaba? También contrato mínimo de tres años y actualización anual. La iniciativa pasó a Diputados donde en 2018 perdió estado parlamentario. Hubo irritación senatorial cuando Diputados retomó la discusión casi pasando por alto aquella movida previa.
Quienes hoy destripan la norma actual se desmarcan y la llaman la “Ley Lipovetzky”, pero lo cierto es que la votaron y celebraron en 2019 la mayoría de Cambiemos (con muchas abstenciones del PRO), el kirchnerismo, el massismo, el peronismo no K, el Movimiento Evita, la izquierda. Se suponía que venía a proteger al eslabón más débil, el inquilino.
El Senado la sancionó en 2020, ya en la gestión de Alberto Fernández. Curiosidad: JxC pegó el faltazo, pero no por la ley sino por objetar aspectos reglamentarios de esa sesión en pandemia.
La ley «fracasó»
La cuestión es que un año después, en noviembre de 2021 y anticipándose a una jugada opositora, fue Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, quien dio por “fracasada” la ley y puso en agenda con fuerza el debate para modificarla.
“En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema. una ley que fracasó. Pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, sentenció Massa.
Las palabras del ahora ministro no han perdido vigencia, es más, la situación se ha agravado y se calcula que la oferta de alquileres en la Ciudad es de solo 1.000 viviendas (hace dos meses, 1.500), contra 9.000 de oferta histórica. Contraparte, la huida de los propietarios hacia Airbnb, buscando una rentabilidad por fuera del alcance de la ley actual.
Otro momento en esta historia arranca el 5 de abril de 2022: para ese día la oposición en Diputados pidió una sesión especial para derogar la ley. Hubo revuelo, y negociaciones. La terminaron bajando, tras acordar con el oficialismo poner en marcha el debate en comisiones y tener dictamen en un mes. Fueron varios meses más.
El Frente de Todos sorprendió con un proyecto del sanjuanino José Luis Gioja, con beneficios fiscales y planes estatales (¿cuántos años?) de construcción de viviendas para alquileres sociales. Sin cambios al corazón cuestionado de la ley: los plazos (tres años) y la actualización (un año). El FdT terminó encolumnado detrás de este proyecto, para muchos, de maquillaje para que nada cambie.
Pero el oficialismo no tuvo mayores problemas para disimular sus diferencias, que las había. Por caso, en campaña por la Ciudad, el kirchnerista Leandro Santoro propuso en estas semanas volver a los dos años y aumentos semestrales. Una asociación de inquilinos le hizo la insólita acusación de ser parte del lobby inmobiliario.
Es que del otro lado la oposición avanzó solo hasta un punto y no logró un frente unido. En un tema bastante transversal, logró sumar incluso a aliados habituales del FdT como los provinciales rionegrinos y misioneros, mostrando también que el problema de los alquileres es de todo el país.
Pero al final, JxC y los bloques que acompañaron tampoco se pusieron de acuerdo en la versión final de su dictamen de minoría. La disidencia fue con las actualizaciones trimestrales, a la que se oponían algunos legisladores, como los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez.
Los proyectos del FdT y JxC con aliados, se terminaron neutralizando mutuamente. Mientras, en 2022 y este 2023 el mercado se siguió derrumbando, al ritmo de una inflación galopante. “Con esta cuasi hiperinflación, una ley no va a poder cambiar las cosas”, advertía anoche el jefe del Interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez. Su espacio dará quórum en la sesión citada para este miércoles a las 12; postula la vuelta a dos años, actualización semestral y mantener el índice salarios-inflación que elabora el Banco Central.
Un borrador de JxC proponía este martes libre pacto entre propietarios e inquilinos. Difícil que reúna consenso mayoritario. Las negociaciones seguirán hasta este miércoles, incluso en el propio recinto, si se llega al quórum.