viernes, 5 junio, 2026

El Gobierno nacional modificó el esquema de contrataciones del Estado

El Poder Ejecutivo oficializó cambios en el régimen de compras y contrataciones de la Administración Pública, ampliando las facultades de secretarios y subsecretarios para aprobar licitaciones y gastos.

El Gobierno nacional dispuso una reforma en el esquema de contrataciones de la Administración Pública que permitirá a funcionarios de menor rango aprobar licitaciones, adjudicar contratos y autorizar gastos por montos más elevados sin necesidad de que intervengan ministros o el jefe de Gabinete.

La medida fue oficializada a través del Decreto 427/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y modifica el régimen de competencias que regula los procedimientos de compras y contrataciones del Estado nacional.

Según explicó el Poder Ejecutivo, el objetivo es «agilizar, simplificar y dotar de mayor operatividad» a los procesos administrativos, con el propósito de acelerar la gestión y mejorar la utilización de los recursos públicos.

Uno de los cambios más relevantes es que los secretarios ministeriales, los secretarios de la Jefatura de Gabinete y los secretarios de la Presidencia podrán autorizar, aprobar y adjudicar licitaciones de hasta 50.000 módulos, una facultad que hasta ahora, en muchos casos, recaía en autoridades de mayor jerarquía.

A su vez, los subsecretarios también ampliarán sus atribuciones. A partir de la entrada en vigencia del decreto, podrán intervenir en procedimientos de contratación y adjudicación por montos significativamente superiores a los que manejaban hasta ahora, lo que permitirá resolver expedientes sin necesidad de elevarlos a instancias superiores.

La reforma también alcanza al régimen de autorización de gastos públicos. La nueva escala establece distintos niveles de responsabilidad según el monto involucrado, otorgando mayores facultades a directores, subsecretarios y secretarios para aprobar erogaciones dentro de sus respectivas áreas.

De acuerdo con el texto oficial, la intención es adecuar el sistema a la estructura actual de la Administración Pública y evitar que decisiones de gestión cotidiana deban atravesar múltiples instancias burocráticas antes de recibir la autorización correspondiente.

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