El diputado Esteban Paulón presentó una iniciativa que busca implementar un sistema de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida en el país.
Un diputado opositor presentó un proyecto para implementar un sistema para regular la aplicación de la eutanasia en Argentina. Se trata de una propuesta que elevó el diputado socialista Esteban Paulón, quien busca garantizar el derecho a una muerte digna y voluntaria para personas con enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos e intolerables.
La iniciativa regula tanto la eutanasia como la muerte asistida, incorporándolas como prestaciones obligatorias y gratuitas dentro del sistema de salud, asegurando además su plena integración con el acceso a cuidados paliativos integrales.
«Queremos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, regulando los procedimientos, estableciendo los derechos y deberes del personal de salud y creando los mecanismos institucionales de evaluación, control y seguimiento», expresó Paulón.
De acuerdo con el proyecto, se establece que toda persona tendría derecho a solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria, al tiempo que fija procedimientos, principios y mecanismos de control para su aplicación.
El texto define a esta práctica como una prestación integrada al sistema de salud, con cobertura obligatoria y articulación con los cuidados paliativos y el acompañamiento al final de la vida. Entre los principios rectores del proyecto aparecen la autonomía del paciente, la dignidad, la voluntariedad y la igualdad de acceso. También se plantea que la decisión deberá ser libre, informada y reiterada, sin presiones externas, y que los procedimientos estarán sujetos a documentación y supervisión.
La iniciativa diferencia dos modalidades dentro de la asistencia médica para morir. Por un lado, la eutanasia, definida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud a pedido del paciente. Por otro, la muerte asistida, en la que el profesional prescribe o provee la sustancia para que sea la propia persona quien se la administre.
Además, el proyecto delimita los casos en los que podría aplicarse el procedimiento. Entre ellos, menciona a personas con enfermedades graves e incurables que generen sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin expectativa razonable de curación, y también a quienes padezcan cuadros graves, crónicos e imposibilitantes que afecten de manera directa su autonomía y calidad de vida.
El expediente también prevé la creación de mecanismos institucionales de evaluación, seguimiento y control sobre cada procedimiento realizado.