Desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, la ONU afirma haber verificado la ejecución de al menos 32 presos políticos, en un contexto de aumento de ejecuciones por delitos políticos y de seguridad.
Desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, la ONU afirma haber verificado la ejecución de al menos 32 presos políticos, según informó la BBC.
Mehrab Abdollahzadeh, un comerciante kurdo de 29 años, fue ejecutado a principios de este mes en la prisión central de Oromiyeh, según la Red de Derechos Humanos del Kurdistán. En una nota de voz obtenida por esa organización, Abdollahzadeh declaró: «Están escuchando mi voz desde la prisión central de Oromiyeh, y esta puede ser la última vez que la escuchen». Afirmó que fue obligado a confesar mediante tortura y amenazas, y que los cargos en su contra eran falsos. Fue arrestado en 2022 durante las protestas tras la muerte de Mahsa Amini y acusado de participar en el asesinato de un miembro de la milicia Basij.
Amnistía Internacional reportó 45 ejecuciones por cargos de motivación política en lo que va de 2025, un incremento interanual. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que la pena de muerte se utiliza cada vez más para silenciar la disidencia política. Varias de las personas ejecutadas este año fueron acusadas de espiar para Israel o la CIA, o de pertenecer a un grupo de oposición en el exilio. Catorce de ellas fueron arrestadas en relación con el levantamiento de enero de 2025.
Nassim Papayianni, de Amnistía Internacional, declaró: «En Irán, las autoridades ejecutan a los condenados a muerte por ahorcamiento. Los ejecutan al amanecer. La población iraní se despierta casi a diario con anuncios de ejecuciones». Agregó que «utilizan la pena de muerte como arma de represión política, para infundir miedo en la población y aplastar cualquier disidencia».
Un portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló a la BBC que les preocupa que algunas ejecuciones se estén llevando a cabo en secreto. El año pasado, Irán llevó a cabo 2.159 ejecuciones, según Amnistía Internacional, la cifra más alta desde 1989. La ONU teme que la cifra de este año sea aún mayor.
Kaveh Kermanshahi, de la Red de Derechos Humanos del Kurdistán, sostuvo que el régimen intenta recuperar su autoridad mediante un aumento de las ejecuciones. «En un momento en que se enfrenta a múltiples crisis internas y externas, intenta, mediante una represión intensificada y un aumento de las ejecuciones, hacer una demostración de poder y proyectar el mensaje: ‘Sigo aquí y sigo controlando la situación'», afirmó.
A finales de abril, la televisión estatal iraní emitió un reportaje sobre la ejecución de Sasan Azadvar, un campeón de kárate de 21 años, condenado por «moharabeh» (declarar la guerra a Dios) y «colaboración efectiva con el enemigo» por atacar a las fuerzas policiales durante las protestas de enero. No fue acusado de ningún delito de sangre, que según el derecho internacional constituye el umbral para la pena de muerte.
Las autoridades iraníes no respondieron a la solicitud de comentarios de la BBC. Sin embargo, el 30 de abril, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, desestimó las críticas internacionales a las condenas a muerte vinculadas a los disturbios de enero, afirmando que sus tribunales no se dejarían influir.
Activistas de derechos humanos señalaron que la pena de muerte se aplica de forma desproporcionada contra miembros de minorías. Erfan Shakourzadeh, un estudiante de maestría en ingeniería aeroespacial de 29 años, fue ahorcado el 11 de mayo. El poder judicial iraní declaró que fue condenado por compartir información clasificada con servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses. La organización Hengaw publicó una nota que, según afirman, escribió antes de su muerte, donde declaró: «Fui arrestado bajo cargos de espionaje fabricados y, tras ocho meses y medio de tortura y aislamiento, me obligaron a confesar falsamente».
Aywar Shekhi, de Hengaw, declaró a la BBC: «La República Islámica continúa su represión sistemática de la población acusando arbitrariamente a disidentes y críticos de ser ‘espías israelíes’ sin presentar pruebas creíbles ni garantizar un juicio justo».
En su mensaje de voz, Mehrab Abdollahzadeh describió el tormento de estar en el corredor de la muerte: «Una persona condenada a muerte piensa día y noche que en cualquier momento podría ser llamada y llevada a la ejecución. Solo encuentra un breve respiro después de la una de la madrugada». Fue ejecutado sin previo aviso a sus familiares ni abogados, y su cuerpo aún no ha sido entregado a su familia, según la Red de Derechos Humanos del Kurdistán.