Una denuncia por la adquisición de más de 200 hectáreas en la comuna de Futaleufú reaviva el debate sobre soberanía e inversiones extranjeras en zonas estratégicas.
En una región donde las fronteras no solo delimitan territorios, sino también intereses estratégicos, una denuncia por la compra de tierras en el sur de Chile encendió alertas políticas y judiciales. El caso involucra a un empresario de Argentina acusado de adquirir más de 200 hectáreas en una zona fronteriza sensible, en la comuna de Futaleufú. La operación, bajo investigación, reaviva el debate sobre soberanía, inversiones extranjeras y los límites legales en territorios considerados clave para la seguridad nacional.
El eje de la controversia gira en torno a Jorge Becerra. Según la denuncia presentada por el empresario Antonio Carracedo, Becerra habría formado parte de un grupo de inversionistas argentinos que, a través de la sociedad chilena Inversiones Rumbo Sur SpA, adquirió terrenos en el sector del lago Lonconao. La propiedad figura a nombre de una ciudadana chilena, pero los antecedentes apuntan a capitales de origen argentino detrás de la operación.
El punto crítico radica en una posible infracción a la Ley N° 1.939 de 1977, que restringe la compra de tierras en zonas fronterizas por parte de ciudadanos de países limítrofes sin autorización especial. De acuerdo con la acusación, durante el proceso se habría ocultado la nacionalidad argentina de los involucrados, utilizando documentación europea para concretar la adquisición. Este presunto mecanismo permitió avanzar en una operación que hoy es cuestionada tanto por su legalidad como por sus implicancias estratégicas.
Futaleufú se ubica en un área considerada “totalmente fronteriza” entre Argentina y Chile, con alta sensibilidad geopolítica y ambiental. Además de las preocupaciones por soberanía, vecinos y autoridades han advertido sobre posibles impactos ecológicos en un entorno de gran biodiversidad patagónica. La eventual subdivisión de los terrenos para fines comerciales suma otra dimensión al conflicto, vinculada al uso del suelo y la presión inmobiliaria en áreas protegidas.
A nivel político, el caso ya generó reacciones en el Congreso chileno. El senador Fidel Espinoza calificó la situación como “irregular y peligrosa” y solicitó la intervención del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado. Mientras tanto, la causa continúa sin una resolución judicial definitiva y enfrenta un posible plazo de prescripción cercano. Desde la defensa de Becerra sostienen que la operación se realizó de buena fe y conforme a la normativa vigente.