El Congreso analiza un proyecto para regular el propofol tras el caso Zalazar y denuncias de robo de anestésicos.
Tras la serie de muertes vinculadas al uso indebido de propofol, la situación derivó en un proyecto de ley en el Congreso para endurecer los controles sobre este anestésico de uso hospitalario. La iniciativa apunta a establecer trazabilidad obligatoria y mayores restricciones en su manejo.
La propuesta, impulsada por la diputada Silvana Giudici, busca incorporar el propofol al listado de Medicamentos de Alto Riesgo de la ANMAT. Esto implicaría someter su uso a protocolos más estrictos, tanto en almacenamiento como en administración. Entre los fundamentos, se señala que actualmente no existen criterios uniformes y obligatorios para reportar faltantes, descartes o roturas, lo que dificulta el control de stock y la detección temprana de irregularidades.
El propofol es un anestésico intravenoso de uso exclusivo en ámbitos clínicos. A diferencia de otras sustancias, como el fentanilo, no cuenta con un antídoto específico que revierta sus efectos en caso de sobredosis, lo que eleva su peligrosidad. Por ese motivo, el proyecto establece que solo podrá utilizarse en entornos hospitalarios habilitados, bajo custodia estricta y con acceso limitado al personal autorizado. También prevé sistemas de almacenamiento bajo llave y controles reforzados en áreas críticas como quirófanos y unidades de terapia intensiva.
El impulso político de la iniciativa está directamente vinculado al caso del anestesiólogo Alejandro Zalazar, hallado muerto en febrero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires con una vía intravenosa conectada y drogas de uso hospitalario. La investigación judicial detectó que los fármacos habrían sido sustraídos del Hospital Italiano, institución donde la víctima no trabajaba. En ese expediente están imputados los profesionales Hernán Boveri y Delfina Lanusse, sospechados de desviar medicamentos durante varios años. Además, la causa explora la existencia de reuniones privadas en las que se consumían estas sustancias fuera de todo control médico, lo que amplificó el impacto del caso.
El proyecto introduce la obligación de informar a las autoridades sanitarias cualquier incidente vinculado al propofol, desde pérdidas hasta irregularidades en su uso. También propone un registro detallado de cada administración, con sistemas de verificación y auditoría. La iniciativa busca así cerrar los vacíos normativos que hoy permiten que situaciones irregulares pasen inadvertidas dentro de los hospitales.
El texto se inspira en recomendaciones del Institute for Safe Medication Practices, que considera al propofol un medicamento de alto riesgo por su potencial de daño en caso de error o uso indebido. Entre las prácticas sugeridas a nivel internacional figuran la restricción de acceso, la trazabilidad completa y los controles cruzados, medidas que el proyecto intenta replicar en el sistema de salud argentino.