El organismo internacional confirmó garantías por US$550 millones y adelantó un desembolso de US$7.200 millones para 2026, con foco en proyectos provinciales y apoyo al sector privado.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un nuevo paquete de apoyo financiero para la Argentina, que incluye garantías por US$550 millones para la obtención de un crédito privado. Asimismo, el organismo se comprometió a acelerar un apoyo financiero por US$7.200 millones que se desembolsará en 2026.
Según un comunicado oficial, el plan incluye más de US$5.000 millones para operaciones soberanas con el sector público, lo que contempla el financiamiento de proyectos y la mencionada garantía. Por su parte, BID Invest, la división encargada del sector privado, estima movilizar inversiones por alrededor de US$2.200 millones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al anuncio: «Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos».
De acuerdo con los datos difundidos, el programa para 2026 busca ampliar el respaldo al país mediante el apoyo a reformas estructurales, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento directo a empresas. El monto total previsto para ese año sería superior a los cerca de US$5.000 millones aprobados en 2025.
El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, afirmó que «el gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento». Añadió que el organismo acompaña esta etapa «apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento».
En cuanto al destino de los fondos, BID Invest priorizará el fortalecimiento de la infraestructura social y productiva, el acceso a servicios de salud, la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). También se contemplan proyectos sostenibles en agroindustria, manufactura de exportación e inversiones en minerales críticos como el litio.
Para el sector público, el foco estará en la gestión fiscal, la mejora de la calidad del gasto público y la modernización tributaria. También se prevén recursos para seguridad ciudadana, justicia y el acceso a servicios esenciales como energía y protección social.