La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires explicó el protocolo obligatorio para informar transacciones de personas políticamente expuestas y la justificación del origen de fondos.
La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, explicó los procedimientos de control y reporte que rigen para las operaciones inmobiliarias. En declaraciones radiales, remarcó que todas las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas (PEP) deben ser reportadas obligatoriamente a la Unidad de Información Financiera (UIF), independientemente del monto de la operación.
«Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF», afirmó Tato, detallando que este procedimiento forma parte de reportes sistemáticos mensuales que realizan los notarios. «Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático», sostuvo.
La dirigente diferenció este mecanismo del reporte de operación sospechosa (ROS), que se aplica cuando existen dudas sobre el origen de los fondos. «Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones», señaló. Sin embargo, aclaró que, si la operación se concreta y persisten interrogantes, el profesional tiene la obligación de realizar dicho reporte.
En relación con la justificación del origen de los fondos, Tato detalló que es un requisito obligatorio para todos los clientes, sin distinción. «Todos tienen que justificar sus ingresos. La declaración jurada de dónde sacaste la plata es para todos», afirmó. Explicó que los escribanos clasifican a los clientes según niveles de riesgo vinculados al lavado de activos y solicitan documentación adicional cuando lo consideran necesario.
Consultada sobre casos específicos que hayan generado controversia pública, la titular del Colegio evitó pronunciarse sobre responsabilidades individuales, pero confirmó que la institución sigue los expedientes correspondientes y trabaja en coordinación con la Justicia, actuando como auxiliar judicial cuando es requerida.

