Ante informes sobre una red atribuida a Rusia, el Ejecutivo busca identificar a los responsables y reforzar los mecanismos de inteligencia, mientras Moscú niega las acusaciones.
El presidente Javier Milei anunció que su administración avanzará con medidas judiciales e institucionales frente a la presunta campaña de desinformación atribuida a una red rusa. El mandatario calificó la situación como «una gravedad institucional pocas veces vista en la historia» y aseguró que se buscará identificar a todos los responsables.
Según informes difundidos por un consorcio internacional de periodistas, una organización denominada «La Compañía» habría desplegado entre abril y octubre de 2024 una campaña orientada a desacreditar al gobierno argentino. Los documentos mencionan un presupuesto cercano a los 283.000 dólares destinado a financiar más de 250 artículos críticos publicados en distintos medios digitales, además de acciones en redes sociales.
De acuerdo con los registros analizados, los contenidos difundidos incluían cuestionamientos al programa de ajuste económico, críticas al impacto social de las medidas oficiales y objeciones al alineamiento internacional del país con Ucrania. También se detectaron firmas inexistentes, autores ficticios y material presuntamente fabricado con herramientas digitales.
El accionar del Gobierno se orienta a tres ejes principales: la investigación judicial, el refuerzo de los mecanismos de inteligencia y el seguimiento diplomático del caso. La Secretaría de Inteligencia del Estado ya había confirmado en 2025 la detección de una presunta red de agentes extranjeros y aseguró haber dado intervención a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene una postura de alerta institucional, con el objetivo de identificar intermediarios locales, circuitos de financiamiento y mecanismos de difusión utilizados para amplificar los contenidos.
La polémica sumó un capítulo diplomático luego de que la Embajada de la Federación de Rusia en la República Argentina rechazara las acusaciones. La delegación calificó las denuncias como «infundadas» y advirtió sobre un intento de «enturbiar» la relación bilateral. Moscú negó desarrollar operaciones de desinformación en el país.
El conflicto abre un frente sensible en la política exterior argentina, ya que el Gobierno combina su alineamiento con Occidente con la intención de preservar canales diplomáticos. Sin embargo, la decisión oficial es avanzar con la investigación sin descartar consecuencias institucionales si se comprueba la injerencia.