Una nueva investigación judicial se abrió sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta vez por una presunta irregularidad en su patrimonio. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó formalmente al juez Ariel Lijo que avance con una indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito.
Los detalles de la investigación fiscal
El representante del Ministerio Público requirió al magistrado que disponga doce medidas probatorias específicas para analizar la evolución del patrimonio del funcionario. Estas medidas, cuyo contenido exacto permanece bajo secreto de sumario, buscan contrastar la información declarada por Adorni con diversos registros oficiales y bancarios.
La investigación se inició tras una denuncia penal presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien pertenece a un sector disidente dentro del bloque oficialista La Libertad Avanza. En su presentación, la legisladora aportó documentación que, a su criterio, amerita una profunda revisión por parte de la Justicia.
Un expediente que se suma a otro
Esta causa no es la única que pesa actualmente sobre el jefe de Gabinete. Se suma a un expediente separado donde se investigan los detalles y la financiación de un viaje privado que Adorni realizó con su familia a Punta del Este, Uruguay.
Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales por parte de Manuel Adorni ni de su equipo de asesores legales sobre esta nueva investigación. Se espera que su defensa se presente una vez que el juez Lijo se expida sobre la admisibilidad de la causa y las medidas solicitadas por el fiscal.
Próximos pasos en la causa
El trámite judicial se encuentra ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien tiene la facultad de aceptar el pedido fiscal en su totalidad, parcialmente, o rechazarlo si considera que no existen elementos suficientes para avanzar. Su resolución definirá el curso de una investigación que pone bajo escrutinio a uno de los funcionarios de mayor rango dentro del gobierno nacional.
Expertos en derecho penal explicaron que una investigación por enriquecimiento ilícito busca determinar si el incremento del patrimonio de un funcionario público es desproporcionado en relación a sus ingresos legítimos declarados, y si existe una justificación lógica y documentada para dicho aumento.