El Departamento de Justicia norteamericano pidió rechazar las sanciones solicitadas por los demandantes y advirtió sobre el impacto diplomático de litigar contra Estados soberanos. La defensa argentina destacó el aval internacional y aguarda definiciones en instancias de apelación.
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La Procuración del Tesoro de la Nación subrayó que el acompañamiento internacional refleja la consistencia técnica de las presentaciones oficiales.
El Departamento de Justicia de EEUU se presentó ante el juzgado de Loretta Preska para respaldar la postura argentina frente al planteo de desacato impulsado por los fondos demandantes en el litigio por YPF.
En un escrito de 29 páginas, la administración estadounidense advirtió que los procesos judiciales contra países extranjeros pueden generar consecuencias en la política exterior y afectar la reciprocidad que reciba Washington en tribunales de otros países.
El documento también señaló que los requerimientos de información dirigidos a funcionarios de alto rango vinculados a entidades públicas presentan tensiones con los principios de cortesía internacional que rigen este tipo de controversias.
De manera explícita, el texto sostuvo que las medidas solicitadas —sanciones procesales, inferencias adversas y penalidades económicas— no se ajustan a la Foreign Sovereign Immunities Act ni a los criterios de trato entre naciones, por lo que recomendó su rechazo.
Desde la asunción de Javier Milei, la Casa Blanca ha acompañado la estrategia jurídica argentina en este expediente.
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La Procuración del Tesoro de la Nación subrayó que el acompañamiento internacional refleja la consistencia técnica de las presentaciones oficiales, basadas en normas del derecho internacional y en el principio de inmunidad soberana.
El organismo recordó que durante más de dos años el país entregó más de 115.000 páginas de documentación en el marco del proceso de producción de pruebas, sin que los demandantes lograran acreditar sus acusaciones.
En paralelo, el Estado pidió suspender esa etapa probatoria; tras la negativa de la jueza, recurrió ante la United States Court of Appeals for the Second Circuit. Las partes ya presentaron sus argumentos y se espera una resolución.
El expediente transita un momento decisivo, con definiciones pendientes tanto sobre la cuestión de fondo como sobre otras impugnaciones vinculadas a la eventual entrega de acciones y al alcance de los requerimientos de información.