Finalmente el gobierno de Milei presentó su proyecto de reforma laboral. La evaluación general es que su contenido es sumamente regresivo y muy lejos de poder llamarse “modernización”.
El proyecto presenta tres partes que pueden diferenciarse: 1) busca reducir derechos de los trabajadores que aún los tienen -que siguen siendo mayoría- lo que afectará las condiciones de todo el mercado laboral ampliando el margen de discrecionalidad de las empresas, 2) debilita la posición negociadora de los trabajadores colectivamente y 3) desfinancia el sistema de seguridad social.
A contramano de las reformas que están ocurriendo en el mundo y evitando cualquier evaluación sobre los efectos de similares reformas del pasado -como la reciente Ley Bases-, este proyecto insiste con caminos equivocados.
Como la Ley Bases, el proyecto legaliza formas de inserción laboral informal excluyendo de la Ley de contrato de trabajo cualquier relación mediada por facturación. Como sabemos, el “monotributista” no es el ideal de la calidad del empleo justamente porque tiene menos derechos (días de descanso, enfermedad, licencias, aguinaldo, indemnización por despido, mecanismos colectivos de discusión de sus ingresos). Ampliar el alcance de esa forma de relación laboral es contraria al objetivo declarado de elevar la formalidad.
Dado el carácter estructuralmente asimétrico de la relación laboral, al ampliar el espacio de “negociación” individual presiona por un deterioro de la calidad del empleo, como en la definición de las vacaciones o la jornada laboral. Por ejemplo, la implementación del “banco de horas” es particularmente nocivo en un contexto de crecimiento del pluriempleo: reduce el ingreso del trabajador al eliminar las horas extra, complica la coordinación de múltiples trabajos cuando las jornadas son difusas y profundiza los problemas de balance entre trabajo y vida.
Reforma laboral: ¿creará más o menos empleos?
En el ámbito colectivo se avanza en derogar la ultraactividad de los convenios estableciendo un mecanismo para que el Estado evalúe y potencialmente decrete su caducidad. Se establece que los convenios colectivos de ámbito menor -empresa, por ejemplo- tienen primacía sobre los de ámbito mayor -sector- buscando deteriorar las condiciones negociadas -porque si el objetivo fuera el contrario no es necesaria reforma alguna-. Se insiste con la reglamentación absolutamente restrictiva e ilegal del derecho a huelga, entre otras. Es honestamente muy complicado argumentar que cualquiera de estas modificaciones que debilitan solo a una de las partes negociadoras mejore las condiciones de empleo.
Para intentar justificar la narrativa de “modernización” el gobierno propone una reglamentación de los trabajadores de plataformas que convalida lo existente. En todos lados, y la OIT se comprometió a proponer un marco general, se avanza reconociendo su carácter de trabajadores mediante normas específicas que concilian el deseo de los trabajadores a la flexibilidad horaria con derechos laborales.
Es simplemente falso que esos trabajadores no tienen críticas a su régimen de trabajo. En sus medidas de fuerza y en entrevistas aparecen problemas:
– Ausencia de mecanismos de negociación de la tarifa y tiempo de trabajo,
– La volatilidad de sus ingresos
– La ausencia de cobertura de riesgos
– La arbitrariedad de la gestión algorítmica.
Pero tampoco aparecen avances en reducir la jornada de trabajo (establecida hace casi un siglo), licencias o vacaciones donde Argentina se encuentra rezagada respecto a sus vecinos.
Por último, el proyecto implica una fenomenal transferencia directa de recursos a las empresas. Como circuló ampliamente, entre otras transferencias, se propone una rebaja de contribuciones para compensar los aportes a un Fondo de Asistencia Laboral lo que implica que ANSES -o más precisamente jubilados y perceptores de asignaciones- financiarán las indemnizaciones. También reducen las contribuciones a las Obras Sociales que generará mayores costos para los trabajadores que las usan o “derivan” aportes.
De experiencias pasadas, sabemos que estas políticas tienen efectos extremadamente marginales en el empleo pero provocan problemas graves en un sistema previsional muy castigado. No por nada el gobierno anticipa que luego propondrá una reforma previsional.
Evidentemente necesitamos reformas, pero no son estas. Muy ilustrativo al respecto es la frase “la reforma ya la hizo el mercado”: si la pésima situación actual del mercado laboral es “lo que hizo el mercado” es claro que la política pública debe buscar un camino diferente a convalidar lo que ocurre con recetas que nos trajeron aquí.
El mercado laboral necesita 3 cosas: crecimiento económico para generar empleo, incentivos con intensa fiscalización para formalizar y negociación colectiva para mejorar la calidad, productividad e ingresos. El gobierno no parece interesado en garantizar ninguna.
*Economista del Grupo Paternal