El financiamiento de la salud se está agotando en los países en desarrollo. Registra los mismos recursos que antes de la pandemia mientras enfrenta demandas y costos crecientes. Una parte del problema radica en los modelos históricos de financiamiento, de inspiración bismarckiana. Los aportes y contribuciones salariales resultan cada vez más limitados en economías donde el empleo formal se hace escaso. (Más aún donde el salario no acompaña el costo de vida).
Para resolver este problema, los países están cambiando, en forma progresiva, las fuentes de financiación en salud. Una de las tendencias es usar la riqueza del subsuelo para generar capital humano. Esto contribuye ampliamente al desarrollo sostenible si consideramos que el sector salud genera cinco veces más puestos de trabajo que la explotación de la riqueza del subsuelo y que entre un 10% y 25% del crecimiento económico de largo plazo de un país está relacionado con las mejoras en los niveles de salud. Veamos cómo aparece esta tendencia en el tiempo y el espacio.
Cambiar diamantes y petróleo por salud: desde 1980, Botsuana ha financiado la expansión de la infraestructura en salud a través de retenciones a las empresas mineras. Desde 1990, Noruega financia el Fondo de pensiones y salud con regalías e impuestos a la producción de petróleo y gas en el Mar del Norte. México también avanzó en ese sentido y Pemex transfiere impuestos al presupuesto público, parte de los cuales se usaron históricamente para financiar el sistema de salud y programas como el Seguro Popular (2004–2018).
En Bolivia, a partir de la nacionalización de hidrocarburos en 2006, el Estado recibe regalías e impuestos. Uno de sus destinos es financiar el Seguro Único de Salud lanzado en 2019. En Venezuela, Pdvsa aporta al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), el cual financió el programa Barrio Adentro que extendió la atención primaria de salud con médicos cubanos.
De los impuestos generales a los impuestos específicos para financiar la salud: lo más sostenible es lograr independizar los recursos de salud de los vaivenes políticos. En ese sentido, lo ideal es contar con impuestos dedicados (earmarked taxes) con destino específico. Esto significa, cuya recaudación solo se puede destinar a la salud. Un avance fue logrado en Ecuador, donde la Constitución de 2008 estableció que los ingresos provenientes de recursos no renovables deben financiar derechos sociales. En la práctica, el presupuesto de salud recibe aportes de la renta petrolera.
El caso más avanzado en ese sentido es el de Nigeria, donde la Ley Nacional de Salud aprobada en 2014 establece que al menos el 1% de los ingresos federales consolidados, dominados por el petróleo, debe destinarse a la Atención Primaria de la Salud. En Chile, donde la empresa estatal Codelco transfiere excedentes fiscales generados por el cobre al presupuesto general y parte de ese dinero ha financiado programas de salud; también se debate incorporar un royalty específico a la minería con destino parcial a salud y pensiones.
Esa discusión parlamentaria podría ser promovida en Argentina, donde la Secretaría de Minería de la Nación acaba de actualizar la base de Recursos y Reservas Minerales estimando que el sector puede generar una renta anual de U$S 206 mil millones sostenida durante 20 años. A su vez, el Ministerio de Salud publicó en abril el informe titulado “Gasto en salud en Argentina”. Análisis para 2017-2022”. Según el mismo, el gasto público (nacional, provincial y municipal) en salud fue en 2022 equivalente a US$ 17.425 millones. Esto significa que, si se destinara un punto porcentual de la renta del subsuelo a salud, se podría incrementar el presupuesto en más del 10%.
Hay dos destinos estratégicos que multiplicarían el retorno de esos recursos en términos de desarrollo. Lo que compraría más salud sería utilizar un 1% de la renta del subsuelo para financiar un esquema de atención primaria que garantice un conjunto de cuidados para cada edad y sexo (curso de vida). Con ello se lograría extender la esperanza de vida de la población en al menos un 10%. Esto, a su vez, impactaría en un crecimiento de largo plazo del PBI de entre 0,3 y 0,4%. Un segundo destino estratégico para esos recursos podría ser un seguro universal frente a las enfermedades más caras, como tiene Uruguay. Esto no conquistaría esperanza de vida, pero contribuiría a reducir la pobreza en casi tres millones de hogares y mejoraría la equidad en salud.
Asesor de Financiamiento para el desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas