Estamos inmersos en un debate sobre diferentes aspectos de las residencias médicas. Un buen punto de partida sería la definición oficial de lo que significa una residencia: “Las residencias de salud son un sistema de formación integral de posgrado para el graduado reciente en las disciplinas que integran el equipo de salud, que se desarrolla mediante el otorgamiento de becas de formación, cuyo objeto es completar su formación, ejercitándose en el desempeño responsable, eficiente y ético de las disciplinas correspondientes, mediante la adjudicación y ejecución personal supervisada de actos de progresiva complejidad y responsabilidad” (ley 22.127/1979).
Al reclamo de mejora salarial de los residentes se sumó una nueva reglamentación para las residencias que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. Un aspecto central de la resolución ministerial fue reinstalar la “beca de formación” como figura de la relación contractual de los residentes. Se establecen dos tipos de becas (a elección del residente): “la beca Ministerio” y “la beca Institución” según el empleador directo que elija tener el residente, mediante un convenio que se renueva anualmente. Es decir que en la residencia médica “queda excluida cualquier configuración o encuadre en el régimen de empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicios”. “El residente resulta responsable, sea por acción u omisión, por el adecuado cumplimiento de las funciones que se le asignaran en dicho ámbito”. En cuanto a los aportes, en la “beca Ministerio”, el residente, reconociendo el carácter de beca de formación que reviste la residencia, opta voluntariamente por que se le apliquen los aportes previstos en el régimen previsional, así como la incorporación a la obra social de los trabajadores del Estado nacional.
En esta modalidad de “beca Ministerio” no hay posibilidad de que se sumen eventuales importes adicionales o bonificaciones por parte de la institución donde realice su formación. En la otra alternativa, la beca Institución, “el residente firma contrato directo con el hospital en el que se forma y cobra la beca sin descuentos de aportes y cargas sociales. Los seguros (ART, responsabilidad profesional y salud) son cubiertos por esa misma entidad, pudiendo recibir bonos adicionales si así lo dispone la institución”. La institución formadora recibe del ministerio el monto base de la beca.
Se estableció una carga horaria “de hasta 45 horas semanales, con al menos la realización de una guardia semanal de hasta 24 horas corridas y no más de 8 guardias mensuales, que serán alternadas a razón de una guardia en día hábil y otra en fin de semana. En la jornada subsiguiente a la realización de una guardia, el residente cumplirá la mitad de la jornada de la formación”. En cuanto a licencias, se establece “una licencia anual ordinaria de 3 semanas, no pudiendo superar la misma 2 semanas consecutivas; una licencia por maternidad de 90 días no pudiendo ser inferior a 10 días previos al parto; una licencia por paternidad de 3 días corridos y licencia por matrimonio de 12 días corridos” (Boletín Oficial resolución 2109/2025 del MSN Anexo 1).
Esta resolución generó una polarización de opiniones: por un lado, quienes opinan que “es un intento de precarización laboral” (asociaciones médicas, asambleas de residentes y referentes como el director del Hospital de Clínicas –UBA–, profesor Marcelo Melo, y por otro lado el doctor Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que representa a las empresas del sector de la salud privada, al expresar que la residencia “no representa un trabajo, sino un espacio de formación acompañada por especialistas de planta” y que se trata de becas de aprendizaje “sin relación laboral”. Sociedades médicas científicas como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) emitieron comunicados muy contundentes que destacan la importancia de ofrecer a los residentes la mejor formación y las mejores condiciones laborales posibles.
En síntesis, los residentes son médicos habilitados para ejercer la profesión, realizan en forma autónoma las actividades asistenciales permitidas y tienen total responsabilidad legal por su actividad. Quizá dos preguntas ayuden a aclarar esta controversia: ¿las instituciones con residencias podrían desarrollar a pleno su actividad sin los residentes? ¿Nos conviene como sociedad mejorar las condiciones de actividad de los residentes, o ahuyentar a los recién egresados y que no realicen una residencia? Más allá de este debate, importa reflexionar sobre el rol que tienen las residencias médicas para garantizar una atención de calidad. Cabe un interrogante preocupante: los médicos que egresan de nuestras facultades ¿están en condiciones de ejercer en forma autónoma ?
Las residencias médicas deberían ser obligatorias como único trayecto formativo para lograr la certificación de la especialidad a ejercer. Aquí, el primer problema: ¿cuántos médicos deciden no efectuar una residencia médica? Ellos se sumergen en el mercado laboral ni bien egresan de la facultad, dado que en nuestro país los títulos universitarios son habilitantes (a diferencia de muchos países cuyos títulos certifican la formación académica pero no permiten ejercer hasta haber aprobado un riguroso examen de idoneidad).
Todos los médicos que egresan de las universidades argentinas deberían tener asegurada una vacante en una residencia, adjudicados la especialidad y el sitio de formación según el orden de mérito determinado por el examen de ingreso y el promedio general de la carrera. Es unánime la opinión respecto de que no existe ningún plan de formación de posgrado en medicina mejor que una residencia acreditada. Aquí, otro interrogante: ¿ cualquier residencia garantiza per se calidad formativa? No. Se han efectuado importantes avances en materia de acreditación de instituciones, pero aún persisten residencias “fuera del radar” que son un claro ejemplo de la desnaturalización del espíritu de una residencia, para simplemente usar al residente como “mano de obra barata”, dejándolo actuar sin ningún tipo de supervisión ni planificación.
Otro aspecto que requiere una oferta inteligente de cupos de residencia es fomentar, mediante incentivos adecuados, la elección de especialidades críticas por parte de nuestros jóvenes colegas recién egresados. Debe existir un equilibrio entre la oferta de especialidades básicas (clínica médica, medicina general y de familia, pediatría, cuidados intensivos) y el resto de las especialidades. Ciertas jurisdicciones, como Mendoza, planificaron inteligentemente estos aspectos y pusieron el foco en la posresidencia con la incorporación a la carrera sanitaria.
Fue un acierto del Ministerio de Salud de la Nación otorgar un puntaje adicional a los postulantes a residencias que efectuaron sus estudios de grado en universidades argentinas. Una medida complementaria podría ser fijar cupos a los egresados extranjeros en especialidades consideradas críticas para el país. Una noticia reciente es la investigación por presunto fraude en el último examen unificado de residencias respecto del puntaje obtenido por unos 200 aspirantes. La detección de esta irregularidad habla del destacado celo profesional del área técnica del Ministerio de Salud. También es positiva la preocupación de las autoridades por lograr una gestión transparente en las instituciones de salud. No debemos perder de vista lo que con mucho acierto señaló el profesor Luis Sarotto (Htal. de Clínicas, UBA) respecto de los mayores costos operativos de los hospitales que, además de la función asistencial, tienen a su cargo la formación de profesionales que luego se dispersan en todo el país. Un aspecto que no puede quedar fuera de este análisis es que las residencias no deben ser el “parche” que cubra el déficit de profesionales de planta, porque un aspecto esencial de la residencia es la supervisión de los residentes. Acierta Ignacio Katz en que “las residencias constituyen una de las bases estratégicas de las políticas de salud pública”. La creación de una Agencia Nacional de Salud integrada por representantes del equipo de salud y de los financiadores permitiría, junto al Cofesa (ministros provinciales) y la rectoría del ministerio nacional, adoptar políticas de Estado en salud consensuadas y sustentables.
En materia de salud nada hay más importante que el recurso humano. No hay otra forma de reconocer esto que cuidar su formación y remunerar su trabajo en relación con la responsabilidad que su tarea implica. Hay que propiciar su bienestar laboral para optimizar la seguridad de los pacientes. Aun una mirada egoísta nos debería convencer de esto, ya que, inexorablemente, todos somos potenciales pacientes.
Profesor consulto de la primera cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la UBA; doctor en Medicina (UBA) Hospital de Clínicas (UBA)