El sindicato de lidera Lingeri señaló que la reestructuración de la compañía no es una privatización tradicional. ¿Se judicializarán los cortes de agua?
23/07/2025 – 07:58hs
El llamado del gobierno nacional a una licitación pública nacional e internacional para vender el 51 por ciento de las acciones de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) antes de fin de año, con el objetivo de adjudicarse en 2026, generó la reacción de la conducción del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), rechazando despidos o modificaciones en los derechos laborales.
La organización gremial emitió un comunicado donde aclaró que la reestructuración de la compañía no es una privatización tradicional, sino que se trata de un esquema mixto que licitará parte del paquete accionario a un operador y ofrecerá el resto a inversores.
Decreto que habilita avanzar en la privatización de AySA
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y su gabinete, habilita al Estado a enajenar su participación accionaria y modifica más de 100 artículos del marco regulatorio del servicio de agua y cloacas en el AMBA.
El sindicato destacó que el 10 por ciento del capital accionario quedará en manos de los trabajadores y trabajadores. Por lo tanto, advierte que «tenemos responsabilidad que garantizan nuestra participación en las decisiones de AySA».
El secretario General del gremio, José Luis Lingeri, aseguró que «no vamos a permitir que se ponga en riesgo el futuro laboral de ningún compañero o compañera, como tampoco vamos a aceptar ajustes que impliquen recortes de personal o afecten condiciones laborales».
Sostienen que el agua es un «servicio esencial» que no se puede cortar
En el documento, el sindicato de Obras Sanitarias destacó su compromiso con los puestos de trabajo y la función social de AySA como empresa pública, y convocó al personal a informarse por canales oficiales del gremio. Lingeri aconsejó que «en momentos de incertidumbre, nuestra organización debe ser más fuerte y nuestra voz más firme».
En esa línea, detalló que «seguiremos vigilando el proceso y comunicará novedades» y aseguró que la prioridad «es proteger a los trabajadores y trabajadoras y la calidad del servicio de AySA, que es fundamental para la población».
Voceros gremiales apuntaron justamente a esto: «El agua es un servicio esencial, que hace a la vida humana y la salud; por lo tanto, no se puede dejar de prestar y cortar ante la falta de pago, como pretende el gobierno». Siguiendo con el relato, avisaron que «estamos realizando consultas con abogados constitucionalistas para presentar algún recurso judicial o amparo», adelantándose a esta situación que puedan sufrir los usuarios.
Plan de seducción del gobierno a los nuevos inversores
Según el gobierno, impulsará cambios clave en el marco regulatorio, como la habilitación del corte del servicio por falta de pago a usuarios residenciales, la actualización de tarifas por inflación y la financiación de nuevas obras a través de las boletas de los usuarios. Por ahora, AySA solo puede restringir el servicio a usuarios residenciales solo tras dos períodos impagos y previa intimación fehaciente, protocolo que se mantendría en una etapa de transición.
Con el nuevo esquema se espera seducir a los potenciales inversores con más herramientas para garantizar el cobro, algo inédito desde la estatización de la empresa en 2006, al tiempo que las tarifas se podrán ajustar trimestralmente en base a la inflación y que las inversiones necesarias se trasladen al usuario final. El proceso de venta prevé que el remanente accionario del Estado -que hoy posee el 90 por ciento- se coloque en la Bolsa en 2026.
Aguas y Saneamientos Argentinos es una de las mayores prestadoras de agua potable y cloacas de América Latina, con más de 11 millones de personas abastecidas y operación en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. A pesar de presentar un superávit operativo de 48.288 millones de pesos en 2024, la empresa en manos del Estado arrastra problemas estructurales severos, como una red obsoleta, pérdidas elevadas de agua y morosidad crónica.