En las últimas 48 horas, el Gobierno nacional firmó una batería de medidas por decreto para aprovechar cada minuto donde aún posee “facultades delegadas”. En apenas una semana, Milei profundizó la desregulación y concentración de poder en sectores clave: energía, salud, vialidad y entes reguladores.
Energía: dos reguladores, una fusión
El decreto 452/2025 unificó el ENARGAS y el ENRE en el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE). El viejo régimen de control quedó bajo un solo organismo —propio del Ejecutivo— sin participación provincial, sin concursos y por fuera de cualquier contrapeso real.
La justificación de “simplificar estructuras” esconde la concentración técnica y política de la regulación energética en manos del oficialismo. Vuelve más difícil la protección de usuarios frente a abusos tarifarios o fallas de servicios.
¿La casta era Vialidad?
Por otro decreto, la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial fueron eliminadas. Su labor de mantenimiento, fiscalización y control pasa a manos privadas mediante licitación de más de 9.000 km de rutas. Se estima el despido de 5.500 trabajadores y el abandono del mantenimiento en rutas no concesionadas.
La excusa de combatir “la corrupción en la obra pública” encubre una privatización encubierta de rutas nacionales. Se descarta la función del Estado como garante de infraestructura y se tira por la borda la previsibilidad en el mantenimiento vial.
Salud: centralización y recorte
En salud, el Ejecutivo disolvió tres institutos nacionales (Cáncer, Cardiovascular y Medicina Tropical) y creó la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES). Este nuevo organismo gestionará cinco hospitales, mientras se corta toda posibilidad de abrir nuevos hospitales SAMIC como el Garrahan.
Detrás del argumento de mejorar la gestión se recorta la capacidad estatal de atención especializada. Exponer a pacientes a recortes en institutos clave para enfermedades graves es una decisión injustificable en hora de crisis sanitaria. Además la medida se desarrolla mientras se produce el conflicto por el recorte al Hospital Garrahan, uno de los más prestigiosos de sudamerica.
Un Estado en retroceso y delegación absoluta
Estas medidas se concretaron bajo el escudo de las facultades delegadas, que vencen este martes. Ya van más de 101 decretos impulsando la desregulación y clausura de organismos públicos. La etapa preveía una reforma que prometía “eficiencia” y “ahorro” —el Gobierno calcula USD 2.000 millones—, pero a costa de desmontar derechos, regímenes federales y contralor democrático.
Quienes cuestionan estas medidas —especialmente científicos, estatales y defensoras de derechos— advierten que lo que enuncia Milei como “reparación institucional” es en realidad una “privatización exprés” que expulsa a la ciudadanía de la regulación de servicios básicos.
Los institutos de salud disueltos ya denunciaron consecuencias graves en la atención y tratamientos. En tantísimo, expertos energéticos y defensores de usuarios resaltan la pérdida de autonomía provincial y el riesgo de tarifazos sin contrapesos.
La estrategia deja al Estado en manos de ministros, secretarios y directores a dedo, en un marco donde el único “control” será el judicial —cada vez más lento— y la fuerza del capital.
El reciente paquete de decretos impulsado por el gobierno de Milei consolida un desmantelamiento institucional sin debate público ni propuestas alternativas, avanzando a paso firme en la concentración del poder regulatorio en manos exclusivas del Ejecutivo. Esta ofensiva perjudica directamente a trabajadores estatales, a usuarios de servicios públicos y a comunidades enteras que ya enfrentan barreras de acceso a derechos esenciales como la salud, la energía o la infraestructura. En este marco, se profundiza una preocupante fragilidad democrática, donde el Ejecutivo actúa sin contrapesos reales, debilitando los controles parlamentarios y federales, y consolidando un modelo de gobierno autoritario y tecnocrático al servicio del ajuste.
Cabe destacar que, para poder ejecutar este plan, Milei contó con la complicidad del Congreso, la Justicia y las propias centrales sindicales, que por acción u omisión abrieron la puerta está avanzada.
El paquete de medidas de esta semana no es un ajuste aislado, sino la confirmación de un plan sistemático para vaciar al Estado de sus funciones regulatorias, sociales y democráticas. Se precisa un freno inmediato, debate público y reconstrucción de servicios esenciales. De lo contrario, el “ahorro” será medida en vidas, derechos y capacidad de los argentinos para defender su futuro.