Cristina Kirchner lleva más de 24 horas presa en su domicilio en cumplimiento de la condena por corrupción que dejó firme la Corte Suprema de Justicia hace diez días. Las dos consecuencias inmediatas son la privación de la libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. También deberá afrontar el decomiso de bienes para restituir el dinero correspondiente a la maniobra de corrupción que llega a los US$ 500 millones. Pero además suma más problemas: el Gobierno presentará el fallo del máximo tribunal ante el fuero Civil y Comercial donde tramita una demanda por $ 22.300 millones contra la ex vicepresidenta y los demás acusados en Vialidad, por daños y perjuicios. Apunta a reparar el daño que produjo el robo al Estado.
La defensa de Cristina Kirchner intentó en el fuero Civil y Comercial que se dé por finalizada esta demanda por 22.300 millones de pesos que se inició durante la gestión de Mauricio Macri y que continúa la administración libertaria. El reclamo es por las obras adjudicadas a Lázaro Báez y que pese a haberlas cobrado, no se concluyeron lo que habría ocasionado daño y perjuicios al Estado.
La defensa de la ex vicepresidenta, a cargo de Luis Goldin, insistió sin éxito, ante el juzgado Civil y Comercial a cargo del magistrado Marcelo Bruno Dos Santos, en la caducidad del proceso. Pero la causa sigue vigente y tendrá un nuevo movimiento: la Dirección Nacional de Vialidad incorporará en los próximos días, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner y otros ocho condenados para que se reactive.
Es la segunda vez que Cristina Kirchner apela al argumento de la falta de interés por parte de la Dirección Nacional de Vialidad para impulsar el reclamo que conlleva un resarcimiento multimillonario para el Estado.
A la hora de argumentar el planteo, el abogado de la ex vice, porque considera que el caso debería cerrarse y no afrontar una demanda multimillonaria, sostuvo que Vialidad Nacional no impulsa ninguna acción. Sostiene que el último movimiento en este expediente fue el 18/10/23.
Para la ex mandataria fue el último acto en la causa que permite la suspensión de los plazos procesales. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron a Clarín, que tras la confirmación por parte de la Cámara de Casación de la sentencia condenatoria por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, Vialidad Nacional “se incorporó al expediente dicha resolución”.
Para el abogado defensor de Cristina Kirchner ese tipo de acciones no pueden contemplarse como aquellas que permiten la suspensión de los plazos que corren en una acción de estas características.
“Si contamos los plazos de forma apegada a lo que manda el código, la caducidad de instancia operó el día 28/03/2025, pues (reitero) del 17/03/23 al 20/09/2023 menos los doce días de la feria judicial de julio 2023, pasaron 173 días faltando 10 para la caducidad cuyo cómputo reanudo el día siguiente (seamos de nuevo generosos con la DNV) de la notificación y cierre del incidente de caducidad en fecha 17/03/2025”, insiste el abogado.
Bajo esta misma argumentación, Cristina Kirchner criticó a la asesoría letrada de la Dirección Nacional de Vialidad libertaria: “Es insalvable la inacción de la DNV y su abandono del proceso (…) Nos encontramos que hoy están dados todos los supuestos de forma categórica y taxativa para que la caducidad opere. Pocas veces se ha visto en un proceso caducidades de instancia más claras que la que enfrentamos ahora”.
No expuso ninguna observación sobre Vialidad Nacional bajo la administración de Alberto Fernández: durante cuatro años el jefe de los abogados del Estado -Carlos Zannini- no instruyó a que se impulse el recupero de los 22.3000 millones de pesos.
Criterio contrario aplicó el gobierno del presidente Javier Milei. La orden es “avanzar con el proceso que es una indemnización a favor del Estado”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
Con el fallo de la Corte dejando firme la condena por el delito de administración fraudulenta, la administración libertaria busca que este proceso por daños y perjuicios avance con mayor celeridad.
El Gobierno está decidido a recuperar el dinero que se volcó a obras que no se terminaron como parte de la maniobra defraudatoria que condujo a Cristina Kirchner a estar presa.
El juez Jorge Gorini que es el responsable de ejecutar la pena, indicó que la suma a la fecha a decomisar en el marco de la causa Vialidad, asciende a $ 86.085.463.548,25.
Pero entendiendo que la cifra podría superar ampliamente ese número, se dio intervención al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “a fin de que proceda a la actualización de dicho monto fijado”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno va a pedir que los $ 22.300 millones que sustentan la demanda civil sea revisada en función del número que se fije en el marco de la condena.
Fuentes oficiales explicaron a Clarín, que esperan el recupero de un valor que duplique el número que ya es multimillonario.
El origen de la demanda multimillonaria
Cuando inició el juicio en la justicia penal la cifra por las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez ascendía a 46.000 millones de pesos. Sin embargo en los fundamentos, los jueces que condenaron a Cristina Kirchner señalaron que alrededor de esos contratos existió “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública”.
Al momento de profundizar en esa maniobra y las consecuencias negativas para el Estado, el Tribunal dijo que la defraudación fue de 85.000 millones de pesos. “Ese monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron.
Se señaló al respecto que se determinaron dos ámbitos claramente mensurables en relación al perjuicio económico ocasionado. “El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado”. Esto, comprendieron los magistrados, “producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”.
El segundo concepto en base al cual se determinó el perjuicio económico a la administración pública, “está dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”. La pericia oficial habló de 170 a 220 millones de dólares sólo en ese universo de rutas analizadas, como un modus operandi.
Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con más fundamentos. El gobierno de Javier Milei está determinado a avanzar con este proceso “es un reclamo del Estado que se continuará”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.
En caso de que la Corte Suprema otorgue firmeza a la sentencia condenatoria de Vialidad, el gobierno libertario no dudará en reclamar una actualización del monto de la demanda que es de 22.300 millones de pesos.
Ese número que representa en algún aspecto los daños y perjuicios que el Estado sufrió por el abandono del 50% de los 51 procesos licitatorios con los que fue favorecido Lázaro Báez, se calculó sobre la base de 46.000 millones de esos. El valor quedó muy por debajo del daño estipulado por el Tribunal de juicio y que confirmó la Casación después: 85.000 millones de pesos.
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