Matías Aufieri: La represión de Bullrich es criminal y parece que ningún juez quiere frenarla
A más de un año de la represión a manifestantes y periodistas frente al Congreso en el marco de la votación de la Ley Ómnibus, la causa judicial contra el Gobierno está trabada. El juez Ercolini hizo la plancha hasta que se declaró incompetente. Matías Aufieri, abogado del CeProDH que perdió la visión de un ojo en esa represión, habla de su denuncia a Bullrich y de las “lecciones” que deja la política cada vez más rabiosa de La Libertad Avanza.
Viernes 25 de abril 21:30
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En medio del aumento de denuncias penales contra Patricia Bullrich por haber ordenado y comandado la represión violenta de diversas protestas sociales —que dejaron heridos a jubilados, niños y periodistas—, La Izquierda Diario conversó con Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Él encabeza una de las primeras querellas contra Bullrich y las fuerzas represivas que conduce la ministra. Ese expediente se abrió luego de que el letrado perdiera la visión de un ojo mientras cumplía su labor (es, además, asesor parlamentario) en Plaza Congreso, producto de un disparo de la Policía Federal durante la represión del 1° de febrero de 2024.
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Aufieri milita desde hace décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS). Vale decir que, junto a otros luchadores y luchadoras, integra la lista de candidatos a legisladores del Frente de Izquierda para las elecciones porteñas del próximo 18 de mayo. La lista que se referencia con Myriam Bregman, una de las fundadoras del CeProDH.
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Causa frenada porque el Poder Judicial evita investigar
La causa por la represión policial del 1° de febrero del año pasado sigue sin avanzar. Allí se analiza el ataque de las fuerzas represivas a Matías y a periodistas como Lautaro Nucera (C5N), quienes en su querella fueron acompañados por SiPreBA y el CELS. El expediente se tramita en el Juzgado Federal 10 de Comodoro Py, cuyo titular Julián Ercolini, entre otros deslices, rechazó el pedido del sindicato de prensa y el organismo de derechos humanos de constituirse como querellas institucionales, dejándolas formalmente fuera del proceso.
El juez también intentó restar valor a los testimonios de heridas y heridos que fueron atendidos durante aquella represión por las y los profesionales de la Posta de Salud y Cuidados. Solicitó informes a los ministerios de Salud de Nación y Ciudad, buscando mostrar que la Posta no tenía reconocimiento oficial. Por si fuera poco, ignoró el pedido de la querella de citar como testigos a esos profesionales, entre ellas la médica y diputada bonaerense Laura Cano.
En octubre pasado el fiscal Ramiro González pidió que fueran citados a prestar declaración indagatoria 19 policías federales directamente involucrados en los hechos. Consideró probado que cometieron diversos delitos. Sin embargo, limitó la investigación a apenas 15 minutos de la represión, recortando así el alcance del caso y evitando que se investigue la responsabilidad de funcionarios superiores.
Cinco meses después del pedido del fiscal, el 28 de marzo Ercolini se declaró “incompetente” en la causa y decidió no avanzar con las indagatorias. Alegó que los hechos no corresponden al fuero federal ya que la Policía sólo estaba tratando de ordenar el tránsito en las inmediaciones del Congreso. Suena increíble, pero es real. El fiscal González no apeló la decisión del juez, dejando sola a la querella en la acusación al Gobierno y su accionar criminal contra los manifestantes.
Finalmente el último miércoles la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal finalmente revocó la resolución de Ercolini, quien por el momento debe seguir al frente del caso. En su fallo, el camarista Roberto Boico le dio la razón a Aufieri respecto a que los hechos sí tienen competencia federal y debe continuarse la investigación para deslindar responsabilidades.
El doctor Aufieri es querellante contra Bullrich y sus subordinados, pero también tomó la defensa de otras personas en causas que involucran directamente a la ministra. Algunas de esas personas son también querellantes. Otras, en cambio, están siendo acusadas por el Gobierno en causas armadas, donde sin pruebas ni escrúpulos se las quiere convertir prácticamente en terroristas.
En esta conversación, Matías habla en su carácter de especialista en importantes causas previas sobre la represión ilegal a la protesta social, y como uno de los que encabeza ahora la pelea en las calles y en los juzgados para frenar la avanzada represiva que busca imponer el gobierno de Milei.
“El Poder Judicial les permite hacer cualquier cosa”
¿Cómo venís transitando este año y dos meses desde que te pasó lo del ojo?
En lo personal, obviamente el hecho me modificó la vida en muchos aspectos, algunos más concretos y otros subjetivos. Particularmente tengo el enorme apoyo cotidiano de mi compañera, en todos los aspectos imaginables. Pero me siento rodeado de la solidaridad y el acompañamiento de muchos compañeros y amigos, tanto del CeProDH como del PTS, así como también de activistas y militantes de otras organizaciones con quienes compartimos muchas luchas durante años. Por ejemplo en la Ronda de las Madres y de la propia Norita Cortiñas en los meses previos a su partida. Incluso de mucha gente con la que no nos conocemos y me envía hasta el día de hoy su solidaridad a través de las redes.
¿Cómo te cayó que Ercolini se declarara “incompetente”?
Parece que no hay ningún juez que quiera siquiera incomodar a Bullrich. Él se declaró incompetente después de más de un año de tener la causa y sin proveer algunas medidas que habíamos pedido, en tiempo y forma, para acreditar que había funcionarios del Ministerio de Seguridad en la llamada “Sala de Situación” dirigiendo la represión. Pero además lo hizo justo cuando el fiscal había pedido las indagatorias de 19 policías. Y encima decía que faltaban más medidas, como algunas consultas al Ministerio de Salud por el tema de los heridos. En sí, lo que hizo fue dilatar la cosa durante meses.
Además buscó exculpar el accionar de la Policía Federal
Claro. Ercolini planteó que la Federal estaba cumpliendo funciones locales, casi de un mero ordenamiento de tránsito en el marco del Protocolo de Bullrich. O sea que según él no correspondía que la causa se tramite en el fuero federal y debía pasar al fuero ordinario. Pero se ve que teníamos razón y logramos vencer su maniobra.
¿Qué podía pasar si la causa iba al fuero ordinario?
Lo que vemos es que la Justicia ordinaria viene rechazando diversos habeas corpus que se presentaron antes de marchas frente al Congreso, como las del 12 y 19 de marzo. Además se lavan las manos ante presentaciones que piden declarar inconstitucional el Protocolo. La causa de Pablo Grillo estuvo semanas sin ningún juez a cargo, se la revoleaban entre la Justicia ordinaria, es decir la Nacional que actúa en CABA, y la Justicia Federal. Nuestra causa podía recorrer un camino similar. Para nosotros, los jueces son responsables de no ponerle un límite concreto a Bullrich y las fuerzas represivas.
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Y eso, lógicamente, significa que pueden seguir reprimiendo
Exacto. Si Ercolini hubiera actuado como debía en la causa por las heridas que me causaron a mí y a decenas de manifestantes el año pasado, inclusive a la nena de once años gaseada, probablemente el Gobierno hubiera estado en condiciones mucho menos favorables para reprimir como lo hizo el 12 de marzo, causándoles heridas de mucha gravedad a Pablo Grillo y Jonathan Navarro.
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¿Hay complicidad directa desde el ámbito judicial con el Gobierno?
Lo que queda más que demostrado, con cada nueva represión de las fuerzas federales de Patricia Bullrich, es que desde el Poder Judicial se les permite hacer cualquier cosa, no los motiva a ponerles límites ni siquiera el hecho de que provoquen heridos de gravedad. Los jueces que no actuaron en este año y medio de represiones son responsables también, como parte del Estado. Recién en los últimos días se están llamando a indagatorias de policías implicados en el ataque con gas contra una nena menor de edad. Duermen las causas durante meses escudándose en cuestiones de competencia, pero no peleándose entre los jueces para ver quién agarra las causas e imparte justicia sino todo lo contrario, para sacárselas de encima.
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¿Qué mensaje se les da con esa complicidad a quienes denuncian y buscan verdad y justicia?
Obviamente lo que terminan haciendo es un reconocimiento del accionar delictivo del Gobierno, ya que lo que no quieren es adoptar resoluciones contra ese accionar. Yo creo que si nuestras denuncias fueran descabelladas y no tuvieran sustento, rápidamente resolverían sobre el fondo de la cuestión rechazando a los querellantes y sobreseyendo a los policías. Pero eso no es precisamente lo que sucede.
Mientras tanto, el Protocolo de Bullrich sigue siendo inconstitucional pero se aplica
Desde el principio ese “protocolo” estuvo muy flojo de papeles. No puede una resolución ministerial pasar por encima de la Constitución Nacional. En este caso, pasan por encima del derecho de reunión, de la libertad de expresión y del derecho a peticionar a las autoridades. Usan la excusa de asegurar la circulación del tránsito, pero en verdad son las propias fuerzas las que terminan cortando más calles (y por más tiempo) que quienes se manifiestan. Además el Protocolo las habilita a actuar en “flagrancia”, por eso vemos policías desatados que detienen arbitrariamente, imponen apremios y amenazas, pasean a detenidos sin que se sepa durante horas dónde están e incluso se den el lujo de no consignar en qué circunstancias de tiempo y lugar se detuvo a la gente.
El CeProDH y otros organismos también cuestionan el llamado “Comando Unificado” que monta Bullrich para reprimir. ¿Ahí también cuesta avanzar?
Sobre el llamado Comando Unificado, que se creó por una resolución del Ministerio de Seguridad, nosotros hicimos varias presentaciones judiciales pidiendo que se nos explique qué normativas habilitan a que algo así exista. Hasta hoy todas esas presentaciones fueron rechazadas. Pero es claro que ahí también hay ilegalidades. Esa resolución de Bullrich alude a los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior, que plantean casos muy taxativos por los que las fuerzas federales pueden intervenir en territorios locales. Con esa justificación el Gobierno viene militarizando la Ciudad de Buenos Aires. No es que sólo custodian el Congreso, como dijo el juez Ercolini para intentar desentenderse de la causa.
¿Legalmente hasta dónde el Gobierno podría tomarse atribuciones en la Ciudad?
Sólo debería intervenir si hay un pedido de la autoridad local, con determinación precisa de tiempos y espacios, no de manera ilimitada. Es decir, ante situaciones muy específicas. La otra variante es que el Congreso vote una intervención federal, también en situaciones muy específicas. Acá ninguna de esas dos situaciones se ve verificada. Cuando Milei y Jorge Macri se llevaban mejor, el entonces ministro de Seguridad porteño, (Waldo) Wolf, había dicho que ellos habían sacado una “adhesión” al Protocolo, pero nunca la vimos, no está publicada. Hicimos un pedido de acceso a la información pública sobre eso, que aún no nos respondieron.
Graves heridos y detenidos en masa
¿Notaste algún cambio el 12 de marzo respecto a las represiones del año pasado?
Creo que dentro de un mismo patrón represivo, sobre todo en manifestaciones masivas frente al Congreso, el 12 de marzo vimos hechos insólitos, burdos por donde se los mire. Infiltrados de las fuerzas represivas actuando a cielo abierto. Uniformados plantando armas en la plaza y hasta arengando “¡vengan zurdos!” desde un camión hidrante. Hay cientos de videos en los que se ve cómo detienen a cualquier persona desprevenida que estuviera parada en una esquina. Detuvieron a menores de edad. Un accionar cada vez más impune. Y como dije antes, avalado por el Poder Judicial.
El año pasado también había habido detenciones al voleo, como el 12 de junio
Sí, aunque esta vez fueron más masivas. Con Myriam Bregman y el CeProDH tomamos la defensa de varios de los manifestantes detenidos el 12 de junio del año pasado, en redadas hechas por la Policía Federal y la de la Ciudad a varias cuadras del Congreso. Ahí logramos demostrar que detenían al voleo a gente que incluso en algunos casos ni había participado de la movilización. Al final fueron casi todos sobreseídos por falta de pruebas.
Pese a ser 114 los detenidos el 12 de marzo, a muchos sorprendió que los liberaran enseguida. ¿Qué pensás de esa decisión de la jueza Karina Andrade?
Pienso que se atrevió a echar un manto de realidad, después de horas de detención irregular de tantas personas. Ella no se pronunció sobre las cuestiones de fondo, sino sobre la situación de detención de cada uno de ellos. Y ahí lo que dejó en claro es que las fuerzas que actuaron no mandaron los correspondientes sumarios respecto a qué había hecho cada uno y dónde y a qué hora los detuvieron.
¿Cómo leés el cuestionamiento del Gobierno a la jueza, que derivó en una denuncia contra ella?
Esa denuncia ante el Consejo de la Magistratura es otro ejemplo de la desesperación del Gobierno porque nadie cuestione su plan. Son tan improvisados que presentaron la denuncia en el Consejo nacional cuando debían hacerlo en porteño. Y hasta pusieron mal el nombre de la jueza. Sería gracioso si no fuera que buscan aleccionar al resto de los jueces ante hechos que impliquen el accionar policial y de Bullrich.
De todos modos Andrade sigue teniendo la causa abierta
Sí. Aunque la jueza liberó rápido a los detenidos, la causa penal sigue abierta contra esas 114 personas. Desde el CeProDH tomamos la defensa de siete de ellas.
¿Cómo está hoy la causa?
Todavía no pudimos acceder a un sumario donde consten los datos y las acusaciones. Primero actuó la Fiscalía de Flagrancia y luego la Fiscalía 14, ambas del fuero penal y contravencional de la Ciudad. Ninguna armó un sumario con el que definir la situación procesal de toda esa gente. Fuimos a pedir que nos dejaran ver el expediente y nos dijeron que todavía “lo están armando”. Ni siquiera hay todavía imputaciones formales.
Sin embargo, aún persiste en mucha gente que eran todos “barrabravas” violentos
Eso es por la campaña que montaron, donde hubo colaboración de muchos medios aliados del Gobierno. En el caso de los detenidos arbitrariamente, ni siquiera les permitieron ejercer un elemental derecho a defenderse de las acusaciones. Procedieron directamente ocultando esas voces, víctimas de la represión. En mi caso pasó lo mismo, sólo me entrevistaron los medios que no están alineados con el Gobierno.
En ese sentido, cobra mucho más valor el trabajo de los medios alternativos y de quienes registran la represión como lo estaba haciendo Pablo Grillo
Totalmente. Si no se hubiera sacado a la luz el conjunto de registros que demostraron el ataque letal que recibió Grillo, lo más probable es que la misma Bullrich lo hubiera mostrado públicamente como alguien que estaba “camuflado” de reportero pero que, en realidad, estaba tirando piedras o cosas por el estilo. Deben haber buscado hasta el infinito imágenes que pudieran incriminarlo, pero evidentemente no encontraron nada.
Ahí hay una diferencia con tu caso, donde lamentablemente no hubo registros fílmicos que ayuden a desenmascarar al Gobierno
Es cierto. Como no hay imágenes contundentes que muestren cómo atacó la Policía Federal ese día a quienes estábamos en la plaza, para los grandes medios afines al Gobierno es como si todo eso no hubiera existido y, en consecuencia, la herida grave que me dejaron no trascendió para ellos.
“Bullrich sacó sus lecciones, tenemos que sacar las nuestras”
Vos también tomaste causas como abogado durante el gobierno de Macri, también con Bullrich como ministra de Seguridad. ¿Qué análisis hacés en perspectiva de esos años y de la actualidad?
A lo largo del tiempo, lo que fuimos viendo es que Bullrich y sus funcionarios fueron sacando “lecciones”. Ante cada defensa que le opusimos (desde el movimiento de derechos humanos y de quienes se manifiestan en las calles) a sus intentos de criminalización, a la manera en que reprimen, a las leyes y protocolos que van sacando, haciendo caer en las causas judiciales sus relatos y su accionar, ellos también avanzan en lo procesal.
¿En qué se expresan esas “lecciones”?
Antes les alcanzaba con la intervención de un juez, incluso no hacía falta que estuviera tan alineado con ellos. Ahora, por ejemplo, el Protocolo dispone que las fuerzas y el Poder Judicial intervengan “en flagrancia”. Así buscan que a ningún juez se le ocurra cuestionar ese accionar. Y también buscan nuevos actores a los que criminalizar, como vimos que hicieron con los hinchas de clubes de fútbol. No sólo los acusaron de “barrabravas” sin ninguna prueba, sino que amedrentaron por los altoparlantes de las estaciones y amenazaron con aplicar derechos de admisión a las canchas.
Pero a su vez la aparición en escena de esos hinchas no dejó de ser algo original, surgido desde el propio pueblo trabajador. ¿Qué opinás de eso?
Sí, de nuestro lado está la obligación de ser audaces y sacar lecciones también de cada paso que da el Gobierno. Buscar formas creativas ante cada nuevo intento de cercenar la protesta. Lo de los hinchas fue una iniciativa muy buena. Seguramente desde los sectores populares seguirán surgiendo formas originales de salir a la calle a luchar. Al final la realidad de las mayorías trabajadoras termina abriéndose paso.
Contra eso la represión nunca será efectiva
Ni Bullrich ni nadie que se crea implacable realmente lo es. En última instancia, la movilización masiva será la que inclinará la balanza. Si hasta ahora ellos pudieron actuar como lo hicieron, con el Poder Judicial como aliado, es porque hay sectores de la oposición, que dirigen organizaciones de masas, que vienen más preocupados por la rosca y sus internas, haciendo todo lo posible para que no se exprese toda la bronca en las calles mientras Milei sigue haciendo el trabajo sucio del ajuste. Ajuste que muchos de ellos consideran “necesario” pero no se animan a hacer.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) | IG @saturdaniel X @saturnetroc
