Comenzó una batalla legal contra la polémica ley SB 4C en Florida. Varias organizaciones presentaron una demanda federal para frenar la aplicación de la normativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis, en donde argumentaron que vulnera la Constitución de Estados Unidos y criminaliza a inmigrantes que tienen derecho a permanecer en ese país. El litigio busca bloquear la regla antes de que cause daños irreparables en comunidades enteras.
La SB 4C, firmada por DeSantis el 13 de febrero, otorga a las fuerzas estatales y locales el poder de arrestar e imputar penalmente a personas por su forma de ingresar al país norteamericano, una competencia que, según la demanda, corresponde exclusivamente al gobierno federal.
La acción legal fue presentada en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida y cuenta con el respaldo de organizaciones como Florida Immigrant Coalition y la Farmworker Association of Florida.
Los demandantes sostienen que la legislación:
Bacardi Jackson, directora ejecutiva de ACLU en Florida, criticó duramente la legislación: “No solo es inconstitucional, sino cruel y peligrosa. Pretende arrebatarle poder al gobierno federal y otorgárselo a oficiales estatales sin formación en inmigración, poniendo en riesgo a familias y al detener a personas con pleno derecho a estar aquí”.
Desde su entrada en vigor, la ley tuvo efectos tangibles. Según Hannah Steinberg, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, “Florida ya comenzó a arrestar y enjuiciar a familiares, amigos y vecinos”, lo que ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre la comunidad inmigrante.
Los testimonios de los afectados refuerzan la gravedad del problema:
Amy Godshall, abogada especializada en derechos de inmigrantes en ACLU Florida, advirtió que la ley “amenaza la seguridad y el bienestar de personas que han sido parte de nuestras comunidades por décadas”. Además, alertó que su aplicación podría colapsar los tribunales estatales con casos que deberían ser tratados a nivel federal.
El litigio destaca que medidas similares fueron bloqueadas en otros estados por violar la Constitución. “Desde hace más de un siglo, las cortes han dejado en claro que la aplicación de leyes migratorias es una facultad federal”, explicó Tessa Petit, directora de la Florida Immigrant Coalition. Estados como Texas, Iowa y Oklahoma ya intentaron estrategias parecidas y fracasaron en los tribunales.
Paul R. Chavez, director de litigios y defensa de Americans for Immigrant Justice, señaló que la SB 4C podría provocar la detención injustificada de personas que no representan ningún peligro y la negación de derechos básicos a los inmigrantes. “Esta ley no solo es inconstitucional, sino que generará miedo en la comunidad, llevando a muchas familias a la clandestinidad”, advirtió.
Además de los problemas legales y humanitarios, la demanda también resalta las consecuencias económicas de la SB 4C. Rene Gomez, coordinador de participación cívica de la Farmworkers Association of Florida, subrayó que los inmigrantes son esenciales para el desarrollo del estado: “Nuestra comunidad es la columna vertebral de Florida. Su trabajo en el campo y en otros sectores aporta miles de millones a la economía”.
Sin embargo, según consta en la demanda, Gomez advirtió que la ley podría provocar la pérdida de empleos, la disminución de la producción agrícola y un impacto negativo en el consumo local.
La batalla legal está en marcha, y los tribunales deberán decidir si la ley SB 4C prevalece o si será otro intento fallido de los estados por asumir competencias migratorias que solo corresponden al gobierno federal. Mientras tanto, miles de familias inmigrantes en Florida viven con la incertidumbre de un futuro incierto.