El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ha implementado el formulario G-325R como parte del proceso de registro de extranjeros en ese país. Esta medida responde a la Orden Ejecutiva 14159, emitida el 20 de enero de 2025 por el presidente Donald Trump, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias vigentes.
El formulario G-325R, denominado “Información Biográfica”, es un documento que los extranjeros deben completar para proporcionar información personal y cumplir con el requisito de toma de huellas dactilares, según la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
Este trámite está disponible exclusivamente en línea a través del portal de Uscis y no tiene costo de presentación. Cada extranjero debe contar con una cuenta individual en el sitio web para completar y enviar el documento. En el caso de menores de 14 años, sus padres o tutores legales son responsables de gestionar el registro en su nombre.
Tras finalizar el trámite y proporcionar los datos biométricos si se requieren, los migrantes mayores de 18 años deben portar la documentación que acredite su registro en todo momento.
El incumplimiento del registro podría derivar en sanciones civiles y penales. Las personas que no completen el proceso enfrentarían multas de hasta 5000 dólares, penas de cárcel de hasta seis meses o ambas sanciones.
En tanto, el Uscis destacó que muchos extranjeros en EE.UU. ya han cumplido con este requisito, pero advirtió que un grupo significativo de personas aún no ha realizado el registro. Para facilitar este proceso, la agencia habilitó un sistema en línea mediante el cual los migrantes pueden cumplir con la sección 262 de la INA.
El requisito de registro aplica para:
No están obligados a registrarse los indígenas americanos nacidos en Canadá que ingresaron bajo la sección 289 de la INA ni los miembros de la Tribu Kickapoo de Texas que entraron a ese país según las disposiciones legales aplicables.
Este formulario no otorga un estatus migratorio ni representa una autorización de empleo o beneficio bajo la INA u otras leyes. Se trata simplemente un requisito de registro obligatorio para ciertos extranjeros.
Proporcionar información falsa podría acarrear sanciones penales. Cualquier declaración fraudulenta podría derivar en consecuencias legales adicionales.