La Auditoría General de la Nación (AGN) se insertó en la agenda de Casa Rosada en el 2024 cuando el Gobierno nacional exigió informes presupuestarios a las universidades públicas, en medio de su reclamo por mayor presupuesto. La respuesta de las instituciones académicas apuntaba a una realidad que hoy constituye una urgencia: las principales autoridades de las dos cámaras del Congreso, Victoria Villarruel y Martín Menem, no designan representantes para el organismo de fiscalización, que puede quedar acéfalo.
Creada en 1992, el objetivo de la AGN es garantizar un «control externo del sector público nacional» y, si bien no cogobierna, presenta informes con detalles de los actos y documentaciones de las acciones de gestión. Su conformación está sujetada a la representación del Congreso, para garantizar que su dirección quede en manos de la principal oposición y se garantice mayor transparencia.
Allí radica la actual traba: en el actual escenario, el peronismo reclama dos lugares por la Cámara de Diputados y dos por el Senado, pero el oficialismo no se los quiere garantizar. En simultáneo, tanto el radicalismo como el PRO pugnan por un lugar. Trascendidos apuntan a que La Libertad Avanza aguarda un resultado positivo en las elecciones del 2025 para incrementar su influencia parlamentaria para quedarse con algunas bancas. Es por ello que desde la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso le exigieron una rápida definición a ambos funcionarios.
Actualmente, no hay representantes de la Cámara de Diputados en la AGN, dado que se vencieron sus mandatos en abril del 2024 y Menem -titular de ese recinto- nunca designó reemplazantes. El próximo 31 de marzo culminan sus gestiones Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Mario Nieva, auditores escogidos por el Senado, que es presidido por Villarruel. De no habilitar un proceso de sustitución, el director de la AGN –Juan Manuel Olmos– quedaría como única autoridad con funciones meramente administrativas.
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La Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas reiteró la necesidad de la designación de autoridades para la AGN.
La situación acontece durante una gestión que prolongó por segundo año consecutivo la ley de Presupuesto, abonando a la posibilidad de transferencias discrecionales. Las investigaciones actuales de la AGN no sólo monitoreaban sobre los gastos de las universidades públicas, sino que también tenían como objetivo la administración de los programas de asistencia alimentaria del Ministerio de Capital Humano, los movimientos del Banco Central, las decisiones de la empresa mayorista de energía eléctrica Cammesa y el proceso de licitación y contrataciones de los ministerios de Defensa y Seguridad. Precisamente, un informe de la Auditoría reveló irregularidades en las compras del pasado mandato de Patricia Bullrich como ministra.
Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
En su reunión de este jueves, realizado en el Salón Illia del Senado, la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas reiteró que emitieron notas a Martín Menem y Victoria Villarruel para que avancen en el proceso de designación de los auditores para la Auditoría General de la Nación. Asimismo, se incluyó una solicitud para Guillermo Francos para que «ponga a disposición todas las actuaciones de las distintas empresas; y que, independientemente que hagan una auditoría privada, la AGN tiene que intervenir», según explicó el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), titular de la Comisión.
«Lo que está pasando en los últimos años en empresas y entes públicos que tienen que tener la auditoría de gestión, es que contratan estudios privados», explicó Pichetto y planteó que es necesario «afianzar la autoridad que tiene la Auditoría, que no puede ser suplida por estudios privados, porque estamos hablando de recursos que son del Estado Nacional». «Este tema está con la pelota adentro del Congreso. El Gobierno no puede suplir con un DNU a los representantes, ni la Auditoría puede quedar acéfala. La tarea es nuestra«, reconoció luego.
El senador Juan Carlos Romero, referenciado con el oficialismo, le solicitó al peronismo que «haga una propuesta» y apuntó a la posibilidad de reabrir el debate sobre los auditores el 3 de abril, cuando la Cámara alta debata los pliegos de dos jueces de la Corte Suprema. «Los otros bloques están absolutamente de acuerdo en las nominaciones», aseguró.
La diputada Luana Volnovich (Unión por la Patria) compartió ambas posturas: «Nos tenemos que hacer cargo verdaderamente de esta situación y redoblar los esfuerzos para resolverlo. No nos olvidemos que esto que sucede en la AGN sucede mientras el Poder Ejecutivo está gobernando sin Presupuesto, donde además ha encarado una reforma del Estado gigante». «Todo esto genera una volatilidad institucional», concluyó.