Los gremios docentes de la CGT anunciaron un paro nacional para el lunes próximo por la falta de convocatoria del Gobierno nacional a una mesa de negociación para rediscutir el piso salarial. Ante la amenaza, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, decidió llamar a la mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado para ese mismo día. De esta manera, el Gobierno busca desactivar la medida de fuerza de los maestros.
El encuentro entre el comité ejecutivo del Consejo Federal de Educación y los gremios docentes se realizará el próximo lunes, a las 15. La convocatoria llegó horas después de que la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) confirmaran un paro de 24 horas que afectaría el inicio de clases en 13 provincias. Se sumaría a esta medida la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la confedereación que reúne a los gremios de maestros de las diferentes provincias.
Según lo fijado esta mañana, los sindicatos pararían el próximo lunes, día en que debían comenzar las clases en la ciudad de Buenos Aires y otras 12 provincias, y el 5 de marzo, cuando debía iniciar el ciclo lectivo en otras 8 ocho jurisdicciones. En Neuquén, las clases comenzarán el 25 de febrero, mientras que en La Pampa y Chaco, arrancan el 26, por lo que solo se verán afectadas por la segunda medida de fuerza.
“Hicimos gestiones hasta las últimas horas, pero al Gobierno le gusta más el conflicto que ponerse de acuerdo. No convocan a la paritaria desde el año pasado, pese a que presentamos notas en educación y en Trabajo. El Gobierno desconoce la negociación colectiva”, expresó Sergio Romero, secretario general de UDA. El 12 de febrero, tras una reunión con sus pares de AMET y CEA, el dirigente gremial había elevado un documento a los secretarios Julio Cordero (Trabajo) y Carlos Torrendell (Educación) exigiendo la apertura de paritarias.
Durante la conferencia, Romero también reclamó al Gobierno de Javier Milei por la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y denunció el mantenimiento de los edificios educativos ya que, según indicaron, “no están en condiciones”.
La Ctera también se reunirá hoy para acordar qué medidas tomar ante la demora de la administración libertaria en llamar a paritaria nacional y podrían plegarse a lo resuelto por la CGT. Al igual que UDA, el sindicato que encabeza Sonia Alesso exige un aumento de la remuneración básica y la restitución del Fonid, por considerar que podría ayudar a elevar los ingresos de los trabajadores del sector.
En julio del año pasado, luego de que se frustrara un acuerdo con los gremios, el Gobierno nacional fijó el salario mínimo docente en $420.000. Se trata de una cifra que, a valores de enero de 2025, se encuentra por debajo de la canasta básica alimentaria, es decir, por debajo de la línea de indigencia. Y, aunque casi todas las provincias han ofrecido aumentos que permitieron elevar dicho piso en sus jurisdicciones, los sindicatos consideran que, una actualización a nivel nacional podría mejorar las condiciones de negociación para las paritarias provinciales que se están desarrollando desde hace semanas.
En tanto, Ademys decidió ayer, durante una asamblea, llevar adelante un paro en la ciudad de Buenos Aires para el próximo lunes, día para el que estaba previsto el inicio de clases en los niveles inicial y primario en el distrito. El gremio conducido por Mariana Scayola reclama una mejora salarial superior al 5% ofrecido por el gobierno de Jorge Macri. “En medio de la crisis de las estafas de Milei, el salario docente está por el piso, nos dieron tan solo 5% de aumento para febrero, nada para marzo y obliga a empeorar nuestro trabajo en el aula al trabajar dos o tres turnos para llegar a fin de mes”, expresó Federico Puy, secretario de prensa de la entidad.
El sindicato, además, denuncia un intento de “censura” de parte de las autoridades porteñas por la revisión de los contenidos de educación sexual integral (ESI) y la implementación del nuevo reglamento docente. Este último, en su artículo 75, prohíbe a los maestros “expresar durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia”.
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