Madrid, 17 dic (EFECOM).- Representantes de algunos de los municipios españoles con mayor afluencia de turistas, como Madrid, La Coruña, Torremolinos y Pollença, la prohibición de las viviendas de alquiler turístico, y se han mostrado en cambio partidarios de «ordenar, limitar y regular».
En una jornada sobre turismo y masificación, organizada por la patronal CEOE, los ediles han admitido que este tipo de viviendas pueden generar problemas tanto en los centros de las grandes ciudades -que quedan despoblados de población local- como en los entornos rurales, a los que se somete a unas exigencias difíciles de alcanzar.
Pero consideran que representan ya una parte importante de la actividad económica, por lo que no tiene sentido plantearse su eliminación.
El alcalde de Pollença, Martí Xavier March, ha recordado que en su municipio dos tercios de las plazas turísticas son de alquiler vacacional, lo que supone «una forma de socializar el turismo», al tiempo que consolida «una sociedad excesivamente rentista, vivir del alquiler vacacional está bien, pero ha transformado el entorno rural».
El verdadero problema, en su opinión, lo constituyen aquellas viviendas de alquiler turístico que son ilegales, por lo que lo urgente es luchar contra las que son irregulares y poner en marcha una normativa que unifique, normativa «sancionadora si es necesario».
La alcaldesa de Torremolinos, Montserrat del Cid, ha abundado en la idea y ha asegurado que «la primera etapa es ordenar y después regular», algo a lo que en su caso ayuda la normativa autonómica, y «lo último es limitar, pero nunca prohibir».
La concejala de Turismo del ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, ha coincidido en señalar a las viviendas ilegales como la fuente de los problemas, ante lo cual los consistorios tienen algunas herramientas «pero no todas».
Maillo ha destacado el plan Reside, en el que trabaja al ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es acabar con la pérdida de población del distrito centro, además de lograr buena convivencia entre turistas y locales.
Para ello, se van a prohibir las viviendas dispersas en viviendas residenciales, y las de uso turístico «que lo sean en exclusiva», ha explicado, al tiempo que se protejerá el tejido comercial, una de las señas de identidad de la capital.
En el mismo sentido, el concejal de Cultura y Turismo del ayuntamiento de La Coruña, Gonzalo Castro Prado, ha apuntado que «la regulación es la clave, no la prohibición», para lo cual en la ciudad se ha abierto un proceso participativo, una mesa de trabajo sobre viviendas de uso turístico con representantes de toda la sociedad.
Aunque ha admitido «la dificultad de llegar a consensos», considera Castro que sí que se están sentando las bases de una normativa, con la intención de limitar este tipo de viviendas a bajos y primeras plantas y a edificios enteros.
Todo ello, vinculado a una cuestión fundamental de los centros urbanos, que es la regeneración urbanística, «una nueva realidad, ya que si se explotan determinados inmuebles ello puede permitir que se rehabiliten», según Castro. EFECOM