Pymes y emprendedores piden sumar puntos al “Mini RIGI”, el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso para la promoción de la inversión y el empleo de pequeñas y medianas empresas industriales, con beneficios similares a los del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Baja de impuestos, mayor acceso a financiamiento y resolución de la problemática de los despidos y la industria del juicio son los principales ítems que argumentan que quedaron afuera y piden agregar a la iniciativa presentada por el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo.
El sector venía pidiendo el régimen hacía meses. A la espera de una propuesta federal, surgieron en el Interior “mini RIGI” locales, con incentivos a inversiones más chicas y foco en las actividades productivas de las provincias que los lanzaron.
Con una batería de ventajas tributarias y financieras, buscan atraer desembolsos menores a los US$ 200 millones que estipuló el RIGI, ya que estiman que este no les significará gran impacto, más allá del derrame que tendrá para las proveedoras de grandes proyectos.
Las provincias encararon negociaciones conjuntas para que sus ideas fueran tomadas en cuenta en el armado nacional, que lidera Pazo con Marcos Ayerra, secretario de Pequeñas y Medianas Empresas, Emprendedores y Economía del Conocimiento.
Hubo acercamientos entre los funcionarios y las cámaras empresarias para consensuar puntos clave y se realizaron encuentros en distintas partes del país, como en Córdoba y la Patagonia.
Pero, de la primera lectura que hicieron del borrador del proyecto, aducen que los incentivos están ideados más para nuevas inversiones que para las empresas existentes, por lo que deben pensarse “beneficios y soluciones específicas” para la operación actual de las pymes.
Uno por uno, los pedidos de emprendedores y pymes
Ventanilla única tributaria para poder usar los saldos a favor de impuestos nacionales, una solución a los saldos a favor de Ingresos Brutos en las provincias, reducción de Impuesto a las Ganancias, anulación de impuestos a los débitos y créditos, reducción de cargas sociales por cinco años, definición del criterio de actualización de indemnizaciones, y financiamiento y fondos de garantía son algunos de los puntos que entidades como el Movimiento Nacional Pyme (Monapy) e Industriales Pymes Argentinos (IPA) buscan sumar al proyecto.
Al respecto, pidieron “que los impuestos bajen tan rápido como suben los beneficios para la importación de productos terminados” y consideraron que “el RIGI es un paso en la dirección correcta, pero no suficiente”. “Se necesita una estrategia más amplia”, apuntaron.
Se amparan en la caída de competitividad de la Argentina, que quedó en el puesto 66 del Ranking de Competitividad Global (WCR) 2024, elaborado por el International Institute for Management Development (IMD) de Suiza, y retrocedió tres lugares en comparación con el año pasado.
El indicador −que evalúa el desempeño económico, la eficiencia empresaria y la infraestructura− colocó a la Argentina en la penúltima posición de 67 países analizados, solo por encima de Venezuela, la última del listado.
En ese contexto, le enviaron una solicitud de audiencia al ministro de Economía, Luis Caputo, y a Pazo, para plantear “una agenda integral”. “Para mejorar la competitividad, son fundamentales mecanismos que fomenten la inversión y que se genere un entorno eficiente”, explicaron.
Según una encuesta de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) sobre la base de más de 3.000 participantes, más del 50% de los emprendimientos argentinos planea aumentar sus inversiones en 2025 y el 40% prevé contratar más empleados.
Pero más allá de las expectativas optimistas, para la entidad hace falta incentivos para que el ecosistema crezca aún más, siendo la Argentina uno de los cinco países que más emprendimientos genera en la región, según el Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSEd-Prodem).
Por eso, piden mayor acceso a financiamiento, una traba para el 77% por las altas tasas de interés y la falta de líneas para su actividad. La principal fuente de financiamiento hoy para ellos son los ahorros personales (78,3%).
También piden una política impositiva especial para el rubro, con menor presión en los primeros años de vida de la empresa, bajar costos y cargas sociales, y resolver la problemática de los despidos y la industria del juicio.
NE