Los jueces que revisarán la condena a 6 años de prisión que le fue impuesta a Cristina Kirchner por corrupción integran la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema de Justicia y la propia expresidente intentó apartar a dos de ellos de la causa sin éxito.
Hornos es el juez mas antiguo de Cámara de Casación y la integra desde su creación en 1995. Intervino e causas de impacto político como la condena a la exsecretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray. Pasaron además por sus manos las causas como Cromañón, el accidente de LAPA o la voladura de la fábrica militar de Río Tercero.
Firmó la apertura de la investigación de la denuncia del fiscal Alberto Nisman presentada días antes de su muerte contra la expresidenta Cristina Kirchner y dejó firmes las prisiones preventivas de los dueños de Oil Combustibles, luego absueltos. Actuó en la ratificación de la condena del caso Ciccone, donde Amado Boudou fue sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión y que fue confirmada por la Corte Suprema.
Cristina Kirchner lo recusó pero fue rechazada esa recusación. Lo impugnó por sus visitas a Mauricio Macri a la Casa Rosada cuando fue presidente. Hornos explica que fue por razones de su cargo, no por causas en trámite.
Hornos llega a esta causa con turbulencias. En plena deliberación fue denunciado por violencia de género, en una causa que fue archivada, y que la mujer involucrada no instó la acción penal. Sus colegas citaron a una reunión extraordinaria del cuerpo para analizar su caso y el Consejo de la Magistratura aún no cerró la investigación administrativa.
Mariano Borinsky es el actual presidente de la Cámara de Casación, fue fiscal de juicio que pidió la condena al expresidente Carlos Menem. Es el coordinador del equipo que realizó las reformas al Código Procesal Penal, un trabajo que acaba de concluir.
Intervino en las causas mas sensibles contra el kirchnerismo, y Cristina Kirchner intentó que no la juzgara ya que le critica que hubiera visitado a Macri en la Quinta de Olivos cuando era presidente. Borinsky explicó que lo visitó cuando ya estaba elaborando la versión anterior del nuevo Código Penal.
En estos momentos, en plena deliberación por la confirmación de las penas de Vialidad, el nombre de Borinsky, cuando empezó a sonar como candidato a ser postulado por el Gobierno de Javier Milei para la Procuración General de la Nación. Para acceder a ese cargo es necesario el voto de los dos tercios de los senadores, lo que incluye necesariamente a los kirchneristas.
En ese período, Borinsky apareció con frecuencia en fotos con funcionarios del Gobierno que viajaron con el camarista a París y Singapour en las tareas previas a la aprobación de la evaluación que superó la Argentina en el GAFI sobre lavado de dinero.
Diego Barroetaveña fue juez de tribunal oral y desde ese lugar, y tras intervenir en 2012 en la condena por la muerte del trabajador ferroviario tercerizado Mariano Ferreyra, accedió a la Cámara de Casación. En ese juicio fue condenada la cúpula de la Unión Ferroviara a cargo de José Pedraza a la pena de 15 años de prisión por ser partícipes necesarios del crimen de Ferreyra, hecho que tuvo lugar el 20 de octubre de 2010 cuando participó de una movilización con tercerizados del ferrocarril Roca para reclamar por su paso a planta permanente.
Barroetaveña es dirigente de la Asociación de Magistrados, donde integra la lista Bordó que fue de las más críticas con el kirchnerismo y actualmente es concejero de la magistratura en representación de los jueces.
Barroetaveña fue uno de los jueces que firmó las dos sentencias que permitieron reabrir dos causas contra Cristina Kirchner que estaban ya cerradas. Son Hotesur y Los Sauces y el caso por la firma del Memorándum con Irán. Su decisión instó a que esos expedientes, donde la expresidenta había sido absuelta sin juicio oral, regresen a los tribunales orales para que se realicen ambos juicios contra Cristina Kirchner.
Barroetaveña llega a firmar esta sentencia contra Cristina Kirchner en momentos en que aún resuena el eco del fallo que firmó con sus colegas Carlos Mahiques y Daniel Petrone que le evitó al primo de Mauricio Macri Angelo Calcaterra afrontar el juicio oral por el caso de los cuadernos de las coimas.
Decidieron que los pagos que realizó al kirchnerismo era un asunto de aportes de campaña no declarados y no de sobornos. El tribunal propio tribunal revisando esa decisión, pero aún no fallo. Barroetaveña regresará para firmar estos fallos desde Washington, donde asistió la semana pasada, con otros colegas jueces a observar las elecciones norteamericanas.
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