Este jueves 7 de noviembre, el tribunal de Chubut dará a conocer el veredicto contra Ricardo La Regina, el ganadero acusado por la matanza, en 2021, de pingüinos en la reserva de Punta Tombo. La audiencia está marcada por gran expectativa, mientras los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini evalúan la culpabilidad del acusado en los delitos de daño agravado y crueldad animal.
El juicio comenzó el 28 de octubre, cuando La Regina se presentó ante el tribunal bajo las acusaciones de causar la muerte de numerosos pingüinos en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva natural de Punta Tombo, entre agosto y diciembre de 2021. La causa provocó indignación debido a los daños que sufrió la fauna local, y se centró en el uso no autorizado de maquinaria pesada en un área protegida.
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La maquinaria pesada y las acciones de La Regina
De acuerdo con la investigación, el productor ganadero utilizó una retroexcavadora para abrir un camino paralelo a la costa, sin la debida autorización de las autoridades correspondientes. Esta acción, según los testimonios de los peritos, afectó negativamente los nidos de pingüinos, especialmente durante la época de reproducción de la especie. El daño se vio reflejado en la destrucción de áreas clave para la reproducción de los animales, lo que resultó en la muerte de ejemplares, entre ellos, huevos y crías.
Además de la utilización de la retroexcavadora, La Regina también fue acusado de instalar un alambre electrificado sin permiso, lo que según los investigadores habría alterado aún más el entorno natural de los pingüinos. La instalación de este alambre y la maquinaria empleada contribuyeron a la pérdida de hábitat crítico para la fauna autóctona, lo que motivó las denuncias por parte de organizaciones ambientalistas y defensores de los derechos de los animales.
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La propuesta de reparación y la oposición de la fiscalía
En la primera jornada del juicio, Ricardo La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la intención de enmendar parcialmente el daño causado. El ganadero propuso donar 500 hectáreas de tierras al Estado, con el fin de que se llevara a cabo un plan de manejo para los recursos naturales de la zona.
Entre las tierras ofrecidas se encontraba la denominada Punta Clara, una porción de terreno cercana a la reserva de Punta Tombo. La Regina sugirió que esta donación contribuiría a la protección de los pingüinos y otros recursos naturales de la región.
Sin embargo, la fiscal general Florencia Gómez y los dos querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba y a la propuesta de reparación. La fiscalía consideró que la gravedad de los hechos no podía resolverse mediante una solución acordada fuera del juicio, especialmente dada la magnitud de los daños ocasionados al medio ambiente.
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La fiscalía y los testimonios que confirmaron los daños
Durante la etapa de alegatos, la fiscal Florencia Gómez enfatizó que “los delitos cometidos quedaron acreditados” gracias a los testimonios de expertos y profesionales que participaron en la investigación. Estos especialistas dieron cuenta del daño directo e irreversible provocado por La Regina, que, según señalaron, fue consciente de las consecuencias de sus acciones.
En su exposición, la fiscal detalló que “la acción efectuada con una máquina retroexcavadora produjo un desmonte de más de 2000 metros cuadrados de flora y fauna, afectando zonas de vegetación cuya propiedad no le corresponde al imputado, sino al Estado”. A su juicio, el impacto ambiental fue tal que algunas de las áreas afectadas resultaron irrecuperables. Los daños, además de destruir el hábitat de los pingüinos, afectaron nidos, huevos y crías durante su ciclo reproductivo.
Para la fiscalía, las pruebas son claras: “Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar”. Según Gómez, el imputado actuó con plena conciencia de los daños que estaba causando, priorizando su interés económico por encima de la preservación del medio ambiente. “El imputado entendió que estaba causando daño en procura de su objetivo económico, que puso por encima del grave impacto ambiental que ocasionó”, concluyó la fiscal.
NG/LT