“En los próximos meses, el tema social será crítico. Si bien la inflación está a la baja, aún sigue siendo alta, por los ajustes de tarifas y por las subas de impuestos que hay y se vienen, como el de la provincia de Buenos Aires. Es para mirar con cuatro ojos”. El que lo advierte no es un opositor, un sindicalista o de un dirigente social. Es la respuesta que, dice, le daría al Presidente si le preguntara por el mayor desafío que le espera y el autor es José Luis Espert, uno de los más escuchados por Javier Milei, fuera de su microcírculo íntimo.
La advertencia tiene el valor adicional de que la más flamante incorporación al bloque de diputados de La Libertad Avanza es un economista ortodoxo, para quien la sensibilidad social no es una variable que suela apartarlo del rigor extremo en el análisis de los números y de la búsqueda del equilibrio fiscal como premisa.
Por las dudas, para que nadie dude de su perspectiva o se tema algún síntoma de reblandecimiento, Espert agrega un elemento de naturaleza netamente política a su diagnóstico: “La situación social es también un tema preocupante por la utilización que puedan hacer los miserables que siempre lucran con ella”. En esa categoría incluye a sectores de la dirigencia política, sindical y de los movimientos sociales, que, a su juicio y de todo el oficialismo, hacen de la pobreza y la asistencia un negocio.
Lo cierto es que la prevención en el oficialismo por el impacto del ajuste, la inflación y los efectos más profundos de la recesión que se verán en los próximos días no es propiedad excluyente de Espert.
Dicen en el entorno presidencial que el propio Milei ha escuchado esas advertencias. Y hasta el implacable ministro Luis Caputo ha mostrado por las redes sociales una cuota de empatía poco conocida públicamente al agradecer “a la gente por apoyar a pesar de lo que cuesta llegar a fin de mes”. Abril asoma como la cima a trasponer hasta llegar al valle soñado en el que el Gobierno promete que empezaría la recuperación.
Hasta ahora, las medidas tendientes a enfrentar el problema han sido los aumentos dispuestos para la tarjeta Alimentar y en la Asignación Universal por Hijo (AUH), así como los bonos para los jubilados y la decisión de lanzar por decreto un nuevo índice de actualización, además de la revisión de algunos programas y el lanzamiento de los vouchers educativos.
Sin embargo, no son solo los críticos del Gobierno los que advierten que esas políticas no compensan la abrupta caída del poder adquisitivo en los últimos meses, así como el efecto de las demoras en la llegada de la asistencia alimentaria o de la aplicación de los vouchers, cuyo monto, además, representa una parte menor del costo que deben afrontar los padres ante el aumento de las cuotas de los colegios. En el oficialismo también hay funcionarios y legisladores inquietos y en alerta. Dicen que hay en análisis nuevas medidas.
En ese contexto se explican la postergación de algunos aumentos de tarifas de servicios públicos para los sectores de menos ingresos o la demora en la apertura del cepo cambiario, aún a riesgo de aumentar deudas con el sector privado o de diferir inversiones, dos consecuencias de alto impacto para el proyecto oficial.
Contra el dogmatismo del discurso oficial, el paso de los días en el Gobierno demuestra que, cuando llega a algunos puntos límite de alto riesgo, opera el pragmatismo. Aunque no en todos los casos funciona el “sistema de emergencia autonómica” para la prevención de impactos, como el que tienen los vehículos más modernos. El temperamento y la ideología hacen su parte. En esta dimensión se inscribe el intempestivo anuncio de la designación de dos candidatos (y uno de ellos más que polémico) para integrar la Corte Suprema de Justicia y alterar la actual mayoría de ese cuerpo.
La postergación parcial de aumentos de tarifas para los sectores menos pudientes o la liberación del mercado cambiario son también una exhibición de aprendizaje de las enseñanzas que le dejó al actual gobierno la fallida experiencia económica de Mauricio Macri.
La decisiva vivencia y responsabilidad personal en aquel proceso del actual ministro de Economía parece contar. Contra lo que se ha difundido y de lo que se ha convencido el macrismo, no toda la gestión económica de Cambiemos fue gradualista.
En el caso de los aumentos de tarifas y de la liberación del mercado cambiario hubo terapia de shock, con la consecuente disparada de la inflación, endeudamiento externo y salida de divisas, que más temprano que tarde el gobierno macrista pagó caro por su impacto social, político, económico y en las finanzas públicas.
De todas maneras, según señala una mayoría de economistas, empresarios y sindicalistas, el alza de las tarifas, aun sin ser generalizada, tendrá y ya está teniendo un alto impacto en la economía real, no solo para los sectores más altos de la pirámide socioeconómica.
Las pequeñas y medianas empresas ya están recibiendo boletas con subas que rondan el 400 por ciento, que ponen en riesgo la viabilidad de su negocio ante la imposibilidad de trasladar a precios el aumento por la caída del consumo, que en muchos rubros básicos supera el 20 por ciento.
De eso no están exentos algunos grandes jugadores. Por ejemplo, en los principales shoppings, a la actualización de los alquileres de los locales y la caída del consumo local se le sumó el derrumbe del turismo receptivo. Se acabó el boom de los extranjeros. Nuevamente, la Argentina se ha vuelto cara en moneda dura. Aerolíneas, hoteles y locales gastronómicos lo padecen. Asoman números rojos.
El video del carnicero cordobés llevando en carretilla el dinero para pagar la factura de la electricidad es mucho más que un buen recurso de marketing para protestar, con destino de meme, o una excepción. En todo caso es la caricaturización de lo que viven muchos comerciantes, más allá del muy visibilizado cordón metropolitano bonaerense.
Los aumentos en las boletas de los servicios no están llegando solos. El alza en impuestos provinciales (como el desmesurado incremento del inmobiliario en la provincia de Buenos Aires) y de las tasas municipales desvelan a individuos y empresas, obligados a revisar hasta el mínimo detalles sus gastos e ingresos para revisar qué cortar.
A todo eso se suma la reducción de contratos y despidos en el Estado y la destrucción del empleo informal, como consecuencia de la combinación de inflación con recesión, que termina acelerando y amplificando los efectos recesivos. El corte o suspensión de muchos servicios o trabajos es una medida que evalúa o ya empezó a adoptar la mayoría de las familias, incluidas las más pudientes. Jardineros, pileteros, plomeros, empleadas domésticas, profesores de tenis, entrenadores personales y hasta psicólogos pueden dar fe del nuevo escenario.
“La notable caída en el primer trimestre en la recaudación de los impuestos que suelen ser los mejores testigos del consumo y la actividad económica, como el IVA, los tributos a los combustibles y al cheque, demuestran que se está ante una situación crítica. Y eso que todavía no se han producido los efectos más profundos de la recesión. Puede ser muy grave. Otra vez todas las fichas están puestas en la cosecha y en los impuestos al comercio exterior, que hoy sostiene las cuentas. Pero eso no es sostenible para alcanzar las metas fiscales y económicas que se propone el Gobierno”, advierte un experimentado experto en materia tributaria.
La caída de actividad ya se ha traducido en paradas por períodos récord de plantas fabriles, como las del sector automotor, con la consecuente reducción de los ingresos de los trabajadores suspendidos.
Ese escenario precede a la reducción de puestos de trabajo que programan vastos sectores industriales, ante la reducción de la producción motivada por la caída estimada en las ventas. En los bancos ya trabajan para minimizar los efectos de un aumento en la morosidad que están previendo, sobre todo, en los pagos de los gastos hechos con tarjetas de crédito.
Ese era el punto más relevante del temario que llevaban a la reunión con Milei los representantes de las grandes asociaciones empresariales que integran el G-6, aunque lo pusieron sobre la mesa como si manipularan nitroglicerina y después de todos los elogios de rigor y, en muchos casos, por convicción sobre el rumbo adoptado por el Gobierno, respecto del cual la mayoría tiene elevadas dosis de confianza. La ideología y lo cortés no quitan el miedo a la pérdida de plata. No hacía falta valentía.
El Gobierno sabe, al igual que los empresarios, que juegan con un contexto y una ventana de tiempo favorables, aunque todo tiene un límite.
Por un lado, la mayoría de las encuestas más respetables realizadas en la primera quincena de marzo mostraron que Milei y su Gobierno no solo siguen gozando de alta popularidad y confianza, sino que varios sondeos exhibieron una recuperación en esos indicadores.
“Esto es ajuste con ilusión”, resumió un veterano consultor, antes de agregar: “La culpa todavía sigue siendo de los gobiernos anteriores. Y a la herencia se agrega que para muchos es la última oportunidad para que el país salga adelante después de más de una década de estancamiento y de tres gobiernos fracasados”. Así buscó explicar la extendida tolerancia social, a pesar de que la mayoría dice que su situación personal y familiar empeoró y que tiene dudas o no cree que la economía mejore en los próximos meses.
Lo peor está por venir
Esa inusual paciencia al nuevo Gobierno, que para la mayoría de los expertos en opinión pública no tiene casi antecedentes, se suma “al terror a perder lo poco que se tiene o queda”, argumenta otro consultor. Lo comprueban ejecutivos y dueños de empresas que reciben la aceptación de subas de salarios por debajo de la inflación o recortes de beneficios. “Privilegian el empleo”, dicen.
No solo la tolerancia a seguir perdiendo capacidad de compra es de trabajadores no sindicalizados, sino que lo asume y acepta (por lo bajo) una mayoría de dirigentes gremiales. Otra comprobación más de la máxima de que los argentinos nos llevamos mejor con la inflación que con la recesión. Por eso, la CGT sigue recalculando sus pasos después del prematuro paro del 24 de enero.
Sin embargo, como advierten economistas y expertos en opinión pública y admiten empresarios y funcionarios, los efectos más crudos de la recesión y el ajuste, que se traduce, sobre todo, en el corte de transferencias a las provincias, las obras públicas y los pagos a concesionarios y proveedores, todavía no se han visto. Lo peor aún está por venir.
La multitudinaria y pacífica marcha que se realizó ayer en el 48° aniversario del último golpe de Estado no solo concentró los reclamos por el respeto a los derechos humanos, el repudio a la represión estatal ilegal de los 70 y al revisionismo que impulsa el Gobierno respecto de esa tragedia nacional.
La heterogeneidad de participantes, entre los que se vieron a muchas familias, fue más allá de la homogeneidad de la dirigencia y de sus adscripciones partidarias o ideológicas y de la apropiación espuria hecha por el kirchnerismo. Las cadenas de equivalencias de demandas y expectativas no solo sostienen la popularidad de Milei, sino también pueden ser el germen de su desafío.
La situación social es “un tema crítico” de los próximos meses y no solo (o también) por “la utilización que puedan hacer los miserables que lucran con eso”, como advirtió y admitió Espert.
Bajo esa misma perspectiva podría analizarse el argumento que planteó el Gobierno en el video que difundió ayer como parte de su política revisionista, que para muchos es negacionismo del terrorismo de Estado.
Según el experiodista, autor y primer jefe de la SIDE menemista, Juan Bautista Yofre, presentador del documento, “la historia no se contó completa” sobre la violencia de los años ‘70 “lamentablemente, por plata”. Sin más.
La realidad siempre suele ser más compleja de lo que la narrativa oficial (en toda época) suele simplificar. Aparentemente, algunas voces oficialistas parecen asumir esa complejidad a riesgo de contradecir el relato. Hay que pasar el otoño.